En un cajón de su despacho en el palacete de la Real Academia Española (RAE), el jurista Santiago Muñoz Machado, su director, guardaba un informe que lleva más de doce meses vegetando, pero que el pasado jueves vio la luz finalmente. Tiene 25 páginas, lleva las firmas de dos académicos y dos académicas y aborda nada menos que una reforma de la Constitución. Pero no de sus artículos, ni de su preámbulo, ni de sus disposiciones adicionales, sino del género con que, en 1978, se redactaron los sustantivos y los adjetivos de la Carta Magna.

Con el primer Gobierno de Pedro Sánchez recién estrenado, Calvo solicitó al anterior director de la RAE, Darío Villanueva, que estudiara «la adecuación» de la Constitución a un lenguaje «inclusivo, correcto y verdadero» que se acomode «a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres». Así lo dijo en julio de 2018 en una comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados.

Pero el cometido estuvo más de un año de indigestión en la RAE, entre la resistencia de los académicos. Finalmente, la RAE aprobó el pasado jueves en el pleno de la institución el informe sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución española, que no supone «grandes cambios y sí algunas modificaciones» para la Carta Magna y que ya ha sido enviado al Gobierno.

Pese a que desde la academia ya se señaló que no avanzarían ningún contenido del informe, finalmente la institución convocó una rueda de prensa para el día de hoy con el director y varios académicos para explicar el contenido del informe.

El texto final no incluye grandes cambios respecto a la doctrina Bosque establecida en el año 2012 sobre el lenguaje inclusivo, tal y como explicaron fuentes académicas consultadas por Europa Press, si bien estas mismas fuentes matizaron que «no se puede considerar un informe totalmente contrario». «Sí recoge algunos cambios y decir únicamente que rechaza de pleno el lenguaje inclusivo sería dinamitar el trabajo de todos estos meses», añadieron las citadas fuentes.

«No hay que sospechar que la doctrina se vaya a cambiar ni cabe esperar que se hagan recomendaciones sobre cambios en el lenguaje. La RAE no hace políticas legislativas, sino que simplemente explica cómo hablan la mayoría de los hablantes y recoge las normas», apuntó el director de la institución, Santiago Muñoz Machado, a finales del pasado año.

REY Y REINA / El borrador ha sido analizado en los plenos con las intervenciones y observaciones de los académicos. Habitualmente, los informes como este se aprueban en la RAE mediante consenso, aunque se puedan votar, sin ser lo habitual. Respecto al contenido de ese borrador, únicamente se conoce que una de las recomendaciones podría ser la de incluir Reina, término que no aparece en la Constitución y que ha sido un asunto tratado en estos últimos plenos.

Todas estas conclusiones se han elevado ya a la vicepresidenta Carmen Calvo, quien en el 2018 pidió el asesoramiento de la entidad que limpia, fija y da esplendor a la lengua. La que también se interesará por el dictamen será la nueva ministra de Igualdad, Irene Montero, una de las primeras políticas españolas en emplear el «nosotras» al referirse a Podemos, su formación.

«Nos han pedido un informe lingüístico, pero mucho me temo que se leerá con criterios políticos», se teme en privado uno de los cuatro miembros de la comisión paritaria (dos hombres y dos mujeres) encargada de elaborar el estudio sobre si procede acabar en la Constitución con el masculino universal.

DESDOBLAR_PALABRAS / La comisión de la RAE revisó el documento a finales del 2018 e introdujo varios cambios, sin que haya dejado de ser una patata caliente para los académicos. El criterio general que ha detectado este diario en consultas con una decena de miembros es que no puede ir contra su propia doctrina, ni extralimitarse de su función de notaria de la lengua. O sea: «La Academia no puede hacer un informe político, pero no me sorprendería que nos llegaran críticas por haber redactado un informe meramente lingüístico«, añade el mismo académico.

«Nosotros pensamos que el lenguaje inclusivo es el lenguaje que hablamos normalmente», subraya uno de los académicos consultados. «La RAE actúa como notaria del uso de la lengua con juicios técnicos y no políticos», respalda otro, convencido de que «no se podrían aguantar desdoblamientos de palabras más allá de dos líneas». Las mismas fuentes aseguran que es opinión generalizada entre los académicos que lo de todos y todas sería imposible de mantener, pues uno de los principios generales del buen uso es precisamente la economía del lenguaje.

La RAE respaldó en el 2012 otro estudio, redactado por Bosque, catedrático de Filología Hispánica de la Universidad Complutense de Madrid, sobre las guías de lenguaje no sexista editadas por universidades, comunidades autónomas, sindicatos, ayuntamientos y otras instituciones. En su escrito, el autor consideraba «inquietante» extender y enseñar «un conjunto de variantes lingüísticas que anulan distinciones sintácticas y léxicas conocidas y que prescinden de los matices que encierran las palabras con la intención de que perviva la absoluta visibilidad de la distinción entre género y sexo».