La Asociación de la Memoria Histórica de Granada promoverá la adhesión de víctimas de la represión franquista a la querella que un grupo de profesores universitarios y distintos profesionales presentará, por apología del genocidio, contra la Real Academia de la Historia por la edición de su Diccionario Biográfico. La presidenta de la asociación, Maribel Brenes, ha señalado que están en contacto con familias de víctimas de Almendralejo (Badajoz), donde se llevó a cabo el fusilamiento de más de mil personas tras la entrada de las tropas franquistas. Este hecho es calificado como un episodio de "normalización democrática", según ha explicado en rueda de prensa Emilio García-Wiedemann, portavoz de esta iniciativa que fue dada a conocer ayer a Jesús García Calderón, fiscal superior de Andalucía. García Wiedemann ha precisado que la querella se presentará ante el Ministerio Público para que investigue si se hubiera producido alguno de los delitos de apología del genocidio especificados en los artículos 510 y 607 del Código Penal, y que esta iniciativa está a la vez amparada por la Ley de Memoria Histórica. Según este catedrático de la Universidad de Granada, que ha señalado que la plataforma de profesores e intelectuales promotores de la denuncia cuenta ya con 350 firmas de apoyo, la libertad de cátedra no puede servir "para ensalzar, encubrir o dulcificar aquello que fue un genocidio". La denuncia se formulará contra el director de la Real Academia de la Historia, el director científico del diccionario, los autores de las biografías de Francisco Franco, de José María Escrivá de Balaguer y de Carlos Asensio Cabanillas, así como de los responsables de la impresión de la obra. También irá contra otras personas de las que haya "indicios de participación" en la edición del Diccionario Biográfico que afirma que Franco "montó un régimen autoritario pero no totalitario". A su vez, la plataforma pide que la obra sea retirada "cautelarmente" para que puedan ser cotejada "aquellas biografías que son claramente tendenciosas" con los archivos de Salamanca y Alcalá de Henares. Los promotores de la denuncia, que han recabado el apoyo de todas las asociaciones de memoria histórica de España, se han mostrado dispuestos a llegar al Tribunal de Estrasburgo para la "tutela efectiva de los derechos" de las víctimas del franquismo y han pedido un posicionamiento público de la Casa Real y el PP, formación que gobernaba en 1999 cuando fue encargado este diccionario.
