La Defensora del Pueblo de la Unión Europea (UE), Emily O'Reilly, ha acusado al comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, de haber retrasado hasta cuatro años la actuación contra los clubs de fútbol españoles debido a sus posibles ayudas públicas ilegales. O'Reilly ha insinuado que la tardanza podría deberse a un conflicto de intereses del comisario Almunia en este caso. La Comisión Europea tiene previsto abrir finalmente este miércoles el expediente por ayudas públicas ilegales al Barça, al Madrid, al Athletic, al Osasuna, al Valencia, al Hércules y al Elche, según adelantó el pasado lunes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.
El dictamen de la Defensora del Pueblo europea es consecuencia de las quejas formuladas por inversores en otros clubs de fútbol de la UE, que alegaron que la falta de diligencia de la Comisión Europea podría deberse al hecho de que el comisario responsable de la materia sea socio del Athletic, uno de los equipos investigados, y además formó parte del Gobierno español que diseñó los incentivos fiscales cuestionados.
"La Comisión no ha actuado frente a esta denuncia durante más de cuatro años. No se trata solo de mala administración, sino que para los ciudadanos europeos puede parecer que existe un conflicto de interés teniendo en cuenta los fuertes vínculos del comisario con uno de los clubs en cuestión", ha señalado O'Reilly en un comunicado oficial.
Ventajas fiscales
El envío del crítico dictamen de la Defensora del Pueblo de la UE al comisario Almunia el pasado lunes provocó que el gabinete del comisario anunciara a O'Reilly que el expediente se abrirá formalmente este miércoles 18 de diciembre. "Confío en que la Comisión Europea decidirá abrir una investigación este miércoles para aclarar los hechos y disipar cualquier sospecha", ha resaltado O'Reilly en su comunicado.
Las ventajas fiscales cuestionadas de los clubs de fútbol españoles ascienden a "varios miles de millones de euros", según los denunciantes de otros clubs europeos. La Comisión Europea normalmente tarda 12 meses en decidir sobre la apertura de una investigación, pero en este caso han pasado cuatro años sin que se adoptara ninguna decisión desde las primeras denuncias de otros clubs europeos, ha criticado con dureza la Defensora del Pueblo de la UE.
