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FÚTBOL

El Badajoz y otros 10 clubs piden más control económico en Segunda B

Los once equipos piden a la federación más vigilancia para evitar la «competencial desleal»

 

Jugadores del Badajoz durante un entrenamiento. - CD BADAJOZ

E. P. E.
18/09/2020

Once equipos de Segunda División B, entre ellos el Badajoz, mandaron este vienes una carta a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la que solicitaban evitar una «competencia desleal» entre determinados clubs en fichajes y solicitan una «competición más limpia y justa para todos los participantes» en la categoría.

Así lo indican en una carta divulgada por el Badajoz y el resto de club en la que piden un «mayor control económico sobre los pagos y contratos que los clubs realizan con algunos futbolistas».

Según la escuadra blanquinegra, esta situación es «inaceptable», por lo que insta a aquellos equipos que compartan esa postura a adherirse y exhorta a «luchar juntos por una competición que se rija en su totalidad por la normativa vigente».

Junto al club pacenses, firman la carta el Racing de Ferrol, el Numancia, el Rayo Majadahonda, la Cultural Leonesa y el Internacional de Madrid, además de San Fernando, Ibiza, Unionistas de Salamanca, UCAM Murcia y Zamora.

Situación de desventaja

Los clubs indican sufrir una «situación de desventaja competitiva debido a las malas prácticas económicas que llevan a cabo algunos equipos de la categoría».

Por este motivo, aluden a su «deber de luchar por un deporte justo y limpio» y muestran su «absoluto rechazo al incumplimiento de las normas de rigor económico por las que todos los clubs de Segunda B deberían regirse».

La «inobservancia por parte de algunos equipos provoca un agravio comparativo», reseñan los clubs en la carta remitida a la Federación Española y consideran que «debería estar castigado» prácticas como «pagos que no se ajustan en su totalidad a la legislación y cantidades de dinero que se perciben de manera no oficial». Del mismo modo, también piden a la AFE, la asociación de futbolistas, que no ampare dicha situación.

Al mismo tiempo, inciden en que los firmantes «cumplen con el pago de todos los contratos de manera regular, así como con las cantidades a percibir por el IRPF y la Seguridad Social», por lo que se sienten «perjudicados».