El caso Neymar puede haber entrado en su fase final después de que los abogados del Barça y la Abogacía del Estado hayan llegado a un acuerdo para finiquitar un litigio agotador (empezó en el 2013 con la demanda del socio Jordi Casas) que ha desgastado la imagen del club porque, finalmente, es la institución la que sale perjudicada. La junta directiva fue informada ayer del acuerdo entre las partes y el lunes deberá ratificarlo en una junta ordinaria.

El pacto supone la exoneración penal tanto del expresidente Sandro Rosell como del actual, Josep Maria Bartomeu (el fiscal pedía siete años y seis meses de prisión para el primero y dos años y tres meses para el segundo) y obliga al club a pagar una multa de 5,5 millones por "dos infracciones tributarias delictivas" correspondientes a los ejercicios del 2011 y del 2013; es decir, no haber hecho la retención correspondiente por el traspaso del brasileño.

El Barça admite dos delitos tributarios, paga y termina con un proceso que ahora entraba en una dinámica peligrosa para la entidad porque, de alargarse, se debía presentar un aval de 90 millones, una losa económica que dificultaba reforzar el equipo con fichajes e iniciar la reforma del estadio.

MAL MENOR Fuentes del club explican que el hecho de que el caso pasara de la Audiencia Nacional, en Madrid, a los juzgados Barcelona, en marzo, supuso un primer paso en la negociación ya que "el ambiente era otro", más favorable a la búsqueda de acuerdos. Finalmente, los abogados Cristóbal Martell y José Angel González Franco, junto con Román Gómez Pontí, director de los servicios jurídicos del club, sellaron el acuerdo que debe ser corroborado por la junta.

El expresidente Joan Laporta se mostró ayer disconforme con esta solución. "Se equivocan Rosell y Bartomeu si creen que pueden utilizar el dinero del Barça para tapar su mala gestión", tuiteó, y advirtió que se reserva "emprender acciones legales" contra el acuerdo. El club considera el pacto como un mal menor ya que la fiscalía reclamaba 22,2 millones de euros.