Sancho Bejarano y Ventura Pozo reclamaron ayer la paralización de las elecciones a la presidencia de la Federación Extremeña de Fútbol y la intervención de la Administración autonómica para que el proceso «sea limpio y democrático», expresaron. Ambos, que aspiran a dirigir la territorial, justifican esta denuncia en una serie de irregularidades que dicen haber detectado y que, dijeron, se han producido incluso antes de la convocatoria electoral. El proceso está «viciado» con ánimo de beneficiar a uno de los candidatos, afirmaron.

Ambos afirmaron que se han producido irregularidades en la captación del voto, en el nombramiento de los miembros de la Junta Electoral y en el censo de electores, entre otras. Bejarano dijo que han recusado a los miembros de la Junta Electoral por su vinculación «muy directa» con el actual presidente de la federación y futuro candidato, Pedro Rocha, y los servicios jurídicos de esta organización.

SIN OBLIGACIÓN / Bejarano, paradójicamente vicepresidente en la era Rocha, destacó el incumplimiento de la obligatoriedad de publicar anualmente el censo y los errores que incluye el publicado a principios de este mes, con electores incluidos que no tienen que estar y otros con derecho que se han quedado fuera. Y dicen haber visto 600 registros del censo y recurrido 200 de ellos. También criticó las «maniobras para obstaculizar las reclamaciones al censo». Bejarano advirtió también de que, antes de convocarse elecciones, empleados de la federación pidieron el voto para Rocha usando el modelo oficial que aún no se había publicado.

Ventura Pozo, mientras tanto, aseguró que o que en «en el fútbol la democracia no existe» y ha recordado que en las elecciones de 2008 ya se la “jugaron” y las irregularidades que hubo en las de 2013, que acabaron en los tribunales, aunque finalmente no se consideró en la Justicia que las hubiera. También señaló que en el mes de diciembre pidió una entrevista a la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores; y al director General de Deportes, Dan de Sande, pero todavía no le han contestado, y ha pedido a las autoridades autonómicas que no sean «cómplices» de esta situación.