La empresa brasileña DIS, del Grupo Sonda, y propietaria del 40% de los derechos federativos de Neymar cuando estaba en el Santos, también solicita penas de cinco años de prisión para el futbolista y los responsables de su traspaso al Barça, equipo que, según su escrito de acusación, deberá pagar una multa de 195 millones de euros, cuantía muy superior a la solicitada por el fiscal para el club catalán que es de 8,4.
En una rueda de prensa celebrada en Madrid, José Barral, presidente del Grupo Sonda, y Roberto Moreno, director ejecutivo de DIS, insistieron en que son víctimas de una estafa y defendieron la responsabilidad del actual responsable del Barça, Josep Maria Bartomeu, al que la Fiscalía no acusa, pero para el que ellos solicitan cinco años de cárcel por un delito de corrupción entre particulares en concurso con otro de estafa en la modalidad de simulación contractual.
Según el escrito de acusación de Dis, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, esa es la pena a la también deberían ser condenados su antecesor en el cargo, Sandro Rosell, el futbolista, su padre y su madre, Nadine Gonçalves da Silva Santos. También pide que se imponga al futbolista la pena accesoria de inhabilitación especial para jugar al fútbol durante el tiempo de condena, a sus padres de seis, como representantes de deportistas profesionales, y a los directivos y exdirectivios del Barça, para desempeñar esa labor en equipos de fútbol.
El fondo de inversión fija la multa de 195 millones solicitada a partir del triple del beneficio que considera que se obtuvo en la adquisición del futbolista. "No podemos consentir que Neymar sea ejemplo para nuestros hijos", afirmó este último.
Los responsables de Sonda y DIS acusan a Neymar y a su padre de firmar en el 2011 dos contratos simulados con el Barça, y al Santos de prestarse posteriormente a este juego. Asimismo, afirman que el Barça y el jugador se saltaron las normas FIFA y alteraron la libre competencia en el mercado de fichajes.
El escrito presenta varias peticiones de pena alternativas, además de la principal en la que solicita cinco años de cárcel. En las subsidiarias la petición de condena fluctúa entre cuatro y dos años de cárcel. Considera que debe ser indemnizada con 14.904.109 euros por el 40% de los derechos federativos más los intereses legales, por lo que la cantidad total que debería recibir asciende a 23.780.677 euros.
