La Federación Portuguesa de Ciclismo (FPC) ha anunciado la suspensión por diez años del médico extremeño Marcos Maynar, que durante el 2008 colaboró con el equipo luso Unión Ciclista de Maia (LA-MSS), al que acusa de proveer sustancias ilegales, acusación que el médico ha negado en reiteradas ocasiones.
El Consejo de Disciplina de la federación lusa ha dado como "probado" que Maynar prescribió y facilitó a los ciclistas sustancias para mejorar el rendimiento de forma ilegal.
El médico extremeño se defendió ayer en declaraciones a este periódico señalando que la Federación Portuguesa de Ciclismo no tiene ninguna autoridad para juzgarle, ya que él no posee licencia de la FPC. "Yo no pertenezco a esa federación --dijo Maynar--, por lo que se están atribuyendo unas funciones que no les corresponde con el único objetivo de hacerme daño".
Maynar señaló que contra él se está practicando una "caza de brujas" y que debe consultar con sus abogados los pasos que ahora debe dar. "Tengo el derecho a demostrar mi inocencia y la Federación Portuguesa no me lo ha dado. No sé aún sin pondré una denuncia por calumnias o no, pero lo que está claro es que están produciendo un importante daño a mi imagen", recalca el médico extremeño.
"Quieren hace política contra los malos la federación lusa pero se están equivocando cargando contra los buenos. Lo que la Federación Portuguesa tiene que hacer es sancionar a quien tenga licencia con ellos, que son sobre los que tienen competencias", dice el extremeño, con relación al resto de sanciones impuestas por la entidad lusa, como la multa de 2.800 euros al director deportivo del LA-MSS, Manuel Zeferino, por "infringir los deberes de diligencia" en "vigilar" que los corredores se abstuviesen de conductas relacionadas con el dopaje, y también varias sanciones a ciclistas lusos.
Sobre Marcos Maynar pesa una imputación de la Fiscalía portuguesa, que le acusa de ocho delitos de adulteración de sustancias alimentarias o medicinales, y de otros tantos por administración de drogas. Estos delitos están penados con entre uno y ocho años de cárcel. Estos delitos también han sido negados recientemente por el médico extremeño.
