La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha denunciado que varios antiguos responsables de la Federación Gallega de Fútbol han cometido delitos de malversación de fondos públicos y ha pedido que los autores depositen fianzas por las cantidades que fueron percibidas indebidamente.
En la denuncia presentada por la Fiscalía, cuyo contenido fue divulgado hoy, se reclama que los cinco principales responsables de la citada Federación, destituidos en abril, presten declaración para aclarar las acusaciones formuladas.
Los imputados son el ex presidente Julio Meana Álvarez, el ex secretario general Ramón María de Llano Márquez, el ex vicesecretario general Benjamín Amido Vázquez, el ex presidente del Comité gallego de entrenadores de fútbol Fernando José Blanco Pedre y el ex tesorero de la Federación Luis Caridad Muiño.
En su informe, la Fiscalía destaca una serie de 15 facturas por un total de 33.785 euros abonadas por los directivos "para atender fines ajenos a la Federación, como son la adquisición de neumáticos, de vinos a diferentes mercantiles especializadas, la degustación de vino en un establecimiento especializado, la adquisición de lotería o la de localidades con motivo de la disputa de la Eurocopa 2004".
El citado organismo judicial subraya que la documentación que acompaña a su denuncia incluye "auditoría realizadas a la Federación Gallega de Fútbol y sus órganos asociados, en las que de forma unánime se destaca la mala gestión de los fondos federativos".
Añade que en esos informes también se pone de manifiesto "los obstáculos presentados para su desarrollo", entre los que cita "la no presentación de contratos laborales del personal" así como "la demora en la entrega de documentación para su correcta formalización".
Respecto a Meana Álvarez, la Fiscalía concluye que en los datos investigados "no se aprecia un ánimo de beneficiarse de forma claramente directa de los fondos gestionados por la Federación".
Sin embargo, subraya que eso "no impide que haya permitido y consentido, en su calidad de presidente, que otros hayan dispuesto y se hayan beneficiado de forma indebida de la percepción de fondos federativos", ya que él fue responsable máximo de ese organismo.
En relación al ex secretario general, la Fiscalía destaca entre las principales irregularidades cometidas el hecho de que, además de no tener contrato y de contar con una remuneración superior a la del propio presidente, cobró de manera injustificada una serie de comisiones de las subvenciones atribuidas por la Xunta y elevadas sumas de dinero.
De Llano Márquez "bajo la dirección y supervisión del presidente, manejaba las cuentas federativas con control alguno y con una total independencia dispuso de los fondos como su fuese el legítimo propietario y con ánimo de lucro, distribuyó fondos, tanto de carácter público como privado, entre él mismo y sus colaboradores, distrayendo los mismos de su legítimo fin", apunta el documento.
Acerca de Amido Vázquez, la Fiscalía apunta que el vicesecretario de la Federación "resultó beneficiado del reparto de fondos federativos" y cita como ejemplos de ello "el cobro de gratificaciones extraordinarias por trabajos realizados en el marco de su actividad ordinaria como directivo" de ese organismo "sin justificación acerca de la procedencia de dicho cobro".
También señala que Blanco Pedre se benefició, pese a no tener relación contractual alguna con la Federación, del cobro de cantidades mensuales, incluidas pagas extraordinarias, dietas y otros gastos elevados, entre ellos de compra de neumáticos para un vehículo, sin justificación alguna.
En cuanto al anterior tesorero, la Fiscalía apunta que Caridad Muiño "ha incumplido sistemáticamente" las obligaciones inherentes a su cargo, por lo que le acusa de "dejación de funciones" ya que en algunos cheques que deberían llevar sus firma, aparece únicamente la rúbrica del presidente y el secretario general.
Por ello, concluye que "es obvio su consentimiento" en una serie de pagos que debían estar sometidos a los órganos de control federativos.
La Fiscalía concluye que los directivos de la Federación Gallega de Fútbol cometieron una serie de irregularidades que constituyen un "delito continuado de malversación de caudales públicos" en unos casos y de "delito continuado de apropiación indebida" en otros.
Por todo ello, solicita a los órgano competentes que tomen declaración como imputados a los cinco denunciados y que, como medida cautelar, se les impongan fianzas en base a las "cantidades indebidamente percibidas por ellos o de las que han consentido su disposición" y, en caso de que no las depositen, se proceda al embargo de bienes.
