Unas horas después de que Manuel Ríos Suárez falleciera a consecuencia de una brutal agresión en los aledaños del estadio del Compostela, el Gobierno reiteró su propuesta de reformar del Código Penal, en su artículo 557, para convertir la violencia en el deporte un delito penal. La nueva ley se está tramitando en el Senado y, pese a que Pilar del Castillo, ministra de Educación Cultura y Deporte, dijo ayer que se aprobará en octubre, la disposición final séptima del Código Penal establece que no serán aplicables las reformas hasta pasados seis meses en su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La ley especifica que los actos violentos que se produzcan en espectáculos públicos se castigarán con penas que irán desde los seis meses a cuatro años de cárcel y el alejamiento de los recintos deportivos por un máximo de tres años.

MEDIDAS EN EL 2002

El 24 de julio del 2002, la Administración, de la mano del entonces ministro del Interior, Mariano Rajoy, elaboró una serie de medidas para erradicar la violencia que estaba previsto que se aplicaran a partir del 1 de enero del 2003. De ellas, sólo algunas han entrado en vigor, como la prohibición de exhibir símbolos xenófobos y racistas, y el inmediato cumplimiento de las sanciones. Angel Acebes, actual ministro del Interior, se refirió ayer a esas medidas recogidas en el llamado Compromisos para la violencia en el deporte.

"Ahora tenemos una legislación nueva que nos permite aplicar sanciones que antes no eran posibles. Dichas medidas evitarán que en un determinado campo haya un loco o varios que llevan a cabo un hecho delictivo", afirmó Acebes. Pese a la convicción del ministro de terminar con la violencia, la temporada empezó con incidentes graves, como los que se desarrollaron en el Sánchez Pizjuán entre seguidores del Frente Atlético y aficionados locales en la primera jornada, el navajazo de un seguidor, que iba a acompañado de su hijo, a otro del Oviedo en el estadio del Langreo, y la muerte del seguidor del Deportivo.

Menos optimista fue el director general de la Policía, que mantiene que las actitudes violentas son incontrolables. "La irracionalidad del ser humano no es un problema policial, ni geográfica ni política ni operativamente", dijo Agustín Díaz de Mera.

Para la oposición, las medidas anunciadas por el Gobierno se han quedado en nada. Así lo expresó ayer José Luis Rodríguez Zapatero. "Tenemos un problema serio de seguridad en los estadios, a pesar de que hace un año el gobierno del Partido Popular anunció medidas que se han quedado en palabrería", declaró el secretario general del PSOE.

Por su parte, Jerónimo Nieto, diputado socialista, denunció el fracaso de las medidas propuestas hace más de un año por la comisión de estudio de la violencia en el fútbol. Considera que ha habido una relajación en la vigilancia.

MULTA DE 3.001 EUROS

El PP considera que la actitud del PSOE es "carroñera" por responsabilizar indirectamente al Gobierno y pidió a los clubs que continúen luchando "para erradicar de la faz de la tierra a los salvajes". "Los únicos culpables son los que cometieron los hechos. Es un homicidio en toda regla", dijo Francisco Antonio González, portavoz de Deportes en la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Congreso.

La Comisión Antiviolencia condenó los hechos producidos dentro y fuera del estadio de San Lázaro y propuso una sanción de 3.001 euros (500.000 pesetas) por deficiencias en el control de acceso, al permitir la entrada de espectadores con objetos contundentes. José Ramón Onega, director de política interior, comentó que, pese al asesinato del seguidor del Deportivo, no se habían descuidado las medidas de control. "Todo el mundo hace lo que puede, pero no siempre se toman las medidas preventivas", manifestó.