Al estilo de la famosa operación Puerto pero sin tantos nombres mediáticos. La Guardia Civil ha desarticulado este jueves una de las mayores redes en distribución a deportistas de productos dopantes, principalmente la tristemente famosa eritropoyetina (EPO), que sigue estando presente en las cloacas deportivas, y que ha supuesto la incautación en Europa del mayor alijo de esta hormona prohibida por las autoridades antidopaje; nada menos que 850 dosis. Ya se la conoce como operación Hipoxianet. Las pesquisas comenzaron tras una denuncia de la Agencia antidopaje española.

La operación se ha desarrollado en Barcelona y Cádiz. Fue la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD) la que puso en alerta a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los mismos especialistas del cuerpo que desarticularon anteriormente las denominadas operaciones Puerto y Galgo. La agencia alertó de que varios deportistas podrían estar accediendo a este tipo de sustancias dopantes mediante su compra a través de internet.

SIETE WEBS

De esta manera, según ha informado la Guardia Civil este jueves, los agentes pudieron identificar al menos siete webs que ofertaban distintos productos, principalmente anabolizantes y hormonas, sin control sanitario. Una de ellas era la página epobest.com, que ya ha sido intervenido judicialmente. Los dominios se encontraban en países como Islandia o paraísos fiscales como New Jersey. Dichas páginas de internet estaban dirigidas a posibles clientes de ámbito español e internacional, en múltiples idiomas y divisas. Algunas de ellas estaban dedicadas exclusivamente a la venta de EPO, en las que se indicaba que la citada hormona era enviada desde España.

La Guardia Civil, que no ha hecho público los nombres de los deportistas identificados y cuya identidad será enviado a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), prevé que haya una gran cantidad de deportistas tanto españoles como extranjeros vinculados con la operación y que serían practicantes de diversas disciplinas. Los contactos se establecían a través de correos electrónicos, ordenadores y teléfonos, así como cuentas corrientes para efectuar los pagos, radicadas en Austria, Eslovaquia y Chipre.

En los registros efectuados en Barcelona y Cádiz se han intervenido más de 70.000 euros en efectivo y se han bloqueado cuentas bancarias con más de 800.000 euros. La red mantenía varias páginas alojadas en servidores en el extranjero donde se habían dado de alta con identidades falsas. Allí ofrecían los productos dopantes. Los usuarios realizaban los pedidos seleccionando las sustancias en sus distintas presentaciones. Para facilitar la comunicación entre comprador y vendedor, se utilizaban redes de mensajería instantánea encriptada a través de un número de teléfono austriaco, que era operado desde España. Los pagos también podían efectuarse en criptomonedas.

CIUDADANOS SERBIOS Y ESPAÑOLES

Al frente de la operación Hipoxianet se encontraban varios ciudadanos de nacionalidad serbia, uno de ellos afincado en Barcelona. Para la obtención de la EPO, la organización se servía de otra célula formada por ciudadanos españoles que conseguían el medicamento a través de una clínica de diálisis de Cádiz. La función legal de la EPO es facilitar el aumento de los glóbulos rojos en la sangre a pacientes con problemas renales.

La organización consiguió un total de 850 jeringuillas de EPO precargadas, lo que supone según fuentes de la Guardia Civil, "la mayor incautación realizada en Europa". A diferencia de la operación Puerto de 1996, coordinada por médicos como Eufemiano Fuentes, la medicación se guardaba sin las debidas condiciones de conservación ni de temperatura. La EPO siempre se debe conservar en el refrigerador.

CÁDIZ Y BARCELONA

El envío se efectuaba a través de empresas de mensajería desde Cádiz o Barcelona. El miembro del grupo afincado en Cádiz, cuya identidad no se ha hecho pública, era uno de los responsables de la clínica gaditana de diálisis, quien falseaba los datos necesarios para los pedidos.

La organización llevaba 10 años operando. Los investigadores todavía están recapitulando datos pero ya se sabe que entre el 2016 y el 2019 se desviaron entre 8.000 y 10.000 unidades de medicamentos al mercado negro, según los datos facilitados por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía. El Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz coordina toda la operación en la que también han actuado cuerpos policiales de diversos países con la colaboración de Europol.