El comunicado emitido por la plantilla y el cuerpo técnico del Cacereño dando su apoyo "incondicional" a su presidente --acusado de agredir a su mujer y tenencia ilícita de armas-- ha causado una gran indignación en numerosos colectivos y representantes de la sociedad extremeña. En todos los casos critican sus términos y rechazan la defensa que el club hace de la privacidad del hecho.
De un lado, "indignadas" y muy críticas se mostraron, entre otras, Josefa Caraballo, directora del Instituto de la Mujer de Extremadura; Marisa Tena, abogada de la Asociación Malvaluna (de atención a víctimas de malos tratos); Carmen López, del Departamento de la Mujer de UGT, y Teresa Borreguero, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas. Para todas "resulta vergonzoso" un comunicado en el que se pide respeto para un presunto agresor, se olvida a su víctima y se trata de culpar a los medios informativos.
En el comunicado emitido por "estos señores", opinan de forma generalizada, "parecen justificar la violencia contra las mujeres, considerar lícito amenazar o agredir en virtud de unos derechos que asisten al agresor, sin tener en cuenta que los derechos, la dignidad, la libertad y la integridad de la víctima han sido claramente transgredidos".
SIN FUNDAMENTO
El decano de la Facultad de Derecho de Cáceres, Emilio Cortés, aseguró que la nota de apoyo del club "está carente de toda fundamentación jurídica". Argumentó que el presidente de un club deportivo es un personaje público, que en el desarrollo del derecho a la información cuando se produce una noticia de interés social el hecho deja de ser un asunto privado y que en lo publicado, "hasta donde yo sé", no ha habido un juicio paralelo. En su opinión, el club ha emprendido una campaña errónea, "iniciada por su entrenador cuando anunció que dedicaba el empate conseguido en Ecija a su presidente, uniendo la cuestión deportiva a la personal". Y desde la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, su portavoz, Rubén Tejedor, rechazó cualquier manifestación y declaración pública que pueda suponer una apología de la violencia de género, verdadera lacra de nuestra sociedad, y todo lo que signifiquen muestras de apoyo a un supuesto o presunto maltratador, sobre lo que debe decidir sólo la justicia".
