El proceso electoral de la Federación Extremeña de Fútbol ha abierto un nuevo frente judicial. El candidato Sancho Bejarano; un miembro de su candidatura , Santiago Quijada Alcón; el árbitro de Tercera División Alejandro López Circujano, y su padre, Manuel Ignacio López, declararán en calidad de investigados por un supuesto delito de violación de secretos por particular. Lo que es conocido popularmente como ‘revelación de secretos’ conllevaría penas de uno a cuatro años de cárcel.
La denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, la presentó un trabajador de la propia Federación Extremeña, que detectó, siempre bajo su versión de los hechos, que su usuario y las claves para acceder a la intranet del organismo habían sido utilizados por al menos dos personas que no habían sido él. En uno de los momentos en los que esto se habría producido, incluso se encontraba en el velatorio de su padre, el pasado 29 de mayo.
A la denuncia se ha unido la propia Federación Extremeña, ya que el origen de todo está en el proceso electoral que enfrenta a dos candidatos: el hasta ahora presidente, Pedro Rocha, y el aspirante, Sancho Bejarano. Este último, en una de sus reclamaciones por posibles irregularidades ante la dirección general de Deportes, aportó una serie de correos electrónicos que tenían al trabajador como remitente (10 de marzo). Cuando se dirigió a los clubs que los habían recibido para preguntar por cómo se había producido su difusión, estos negaron taxativamente que los hubiesen filtrado a Bejarano ni a sus allegados.
UBICACIONES AJENAS A LA FEXF / La reacción fue acudir a la empresa de la seguridad informática de la FexF, Novanet. Cuando se escudriñó desde qué direcciones numéricas de internet (conocidas como IPs) se había accedido al usuario del trabajador, se descubrió que había sido desde diferentes a la que se usan en la federación. Con ellas en mano se realizó la denuncia el 29 de julio y, como consecuencia, la Guardia Civil pidió a las compañías telefónicas que desvelasen sus ubicaciones.
La respuesta, según el informe aportado en las diligencias, fue que las dos IPs correspondían a empresas en las que trabajan Quijada Alcón y el padre de López Circujano, que cuando fue interrogado dijo que no sabía nada del asunto, pero aludió a que su hijo es árbitro. Desde estas ubicaciones se había accedido a otra información de la intranet días anteriores al 29 de mayo, según la empresa. Aparte de revisar el correo electrónico, también se habrían descargado archivos adjuntos.
La Guardia Civil también pidió que Bejarano, Quijada y López Circujano prestasen declaración en la investigación, pero se acogieron a su derecho a no hacerlo. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Cáceres se ocupa del caso y las declaraciones en sede judicial estaban prevista para este mes, pero no se producirán hasta marzo del 2021.
