Dos años después, la muerte del hincha del Deportivo Francisco Javier Romero Taboada va camino de quedar impune. Veinticuatro meses más tarde de aquella brutal paliza colectiva que acabó con Jimmy -así le llamaban- inerte en las aguas del Manzanares, ningún ultra está siendo investigado por homicidio pese a la petición del fiscal y a la versión de la policía.
La masiva pelea entre Riazor Blues y Frente Atlético de aquel 30 de noviembre cambió la seguridad en los estadios e inauguró varias iniciativas contra la violencia. Pero la maraña judicial del proceso pone en riesgo la resolución de un caso en el que sigue sin haber ningún culpable.
EL ABOGADO DE LA FAMILIA
"Pinta mal, muy mal", reconoce Erlantz Ibarrondo, abogado de la acusación particular que representa a la familia de Jimmy y al otro ultra deportivista arrojado al río pero que salvó la vida.
La última novedad data del pasado octubre, cuando el juez titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Plaza Castilla -Pedro Marchante, el cuarto del caso- rechazaba la petición del fiscal de citar como investigados por homicidio y tentativa de homicidio a los cuatro ultras del Frente detenidos por la policía, encarcelados por un juez anterior y excarcelados por este último por "falta de pruebas".
"UN PROCESO MUY EXTRAÑO"
No fueron suficientes las minuciosas investigaciones de la policía, que aportó vídeos, intervenciones telefónicas, mensajes y geolocalizaciones para señalar a un grupo reducido que acabó detenido y luego liberado y en el que había destacadas figuras del Frente Atlético. Habían sido, según los agentes, los mismos que con una diferencia de segundos habían apaleado a otro deportivista, que salvó la vida.
La defensa se sirvió de esa confusión -un ataque que no se correspondía con el de Jimmy sino con el del otro aficionado- para excarcelar a los ultras ante la indignación de la policía, que se mostró "estupefacta". Dando por cierta la confusión pero ratificadas las agresiones, Ibarrondo se pregunta "cómo no se les cita a declarar para, al menos, investigar una posible tentativa de homicidio".
Fuentes jurídicas conocedoras del caso van más allá y califican de "muy extraño" el proceso: que no se tome declaración a estos sospechosos, que se les libere, que sean cuatro los jueces o que se contradiga una versión policial, algo poco habitual y menos en tan detallada investigación.
TESTIGO PROTEGIDO
Pero hay algo que chirría más. Tampoco se aprecia la versión de un testigo protegido. Ante el juez de menores, identificó a dos de los mismos presuntos autores que había señalado la policía, corroboró aquella versión y apuntó a otro menor, Álvaro C.G., del que se filtraron mensajes que había intercambiado con su novia: "Le hemos reventado, sin porra me he quedado".
En julio, la Audiencia Provincial absolvió a este menor, condenado por homicidio. Aludió a la falta de credibilidad del que denominó "coimputado" por estar investigado también por riña tumultuaria.
MÚLTIPLES PREGUNTAS
En la acusación se preguntan por qué no se atiende a su versión ni es citado a declarar si su testimonio se realizó en una causa en el juzgado de menores -que sí le había dado veracidad- y no en el de instrucción. G303, así se le denomina, fue descubierto y amenazado por dos líderes del Frente Atlético que fueron condenados por ello.
En A Coruña, las peñas, el club y el ayuntamiento siguen reclamando "justicia para Jimmy", pero nadie duda de la fortaleza de la defensa de los ultras atléticos, que lidera todo un exfiscal de la Audiencia Nacional como Ignacio Gordillo, ni de lo poco esperanzador del caso.
El fiscal y los abogados de la acusación esperan respuesta a su petición de más declaraciones, pero no parece por la labor un juez que sí ha separado en dos piezas el proceso: una por riña tumultuaria y otro por homicidio y lesiones.
"CUESTIÓN POLÍTICA"
"Si no se mirase como una cosa de ultras, el proceso sería considerado un escándalo", resume una fuente jurídica. Desde el entorno deportivista se recuerda que unos 100 aficionados gallegos fueron sancionados con 60.000 euros y que lo que parecía una quedada más de radicales -como otras tantas- fue reconocida por la policía como un ataque.
"Era una cuestión política", dicen asiduos de la grada de los Riazor Blues sobre un capítulo que provocó una honda división en el deportivismo que ha virado en unión para pedir que se aclare un crimen que está cerca de quedar impune.
