La magistrada Julia Patricia Santamaría, que preside el juicio de la Operación Puerto, ha anulado las escuchas telefónicas realizadas a partir del 1 de junio de 2006 al considerar que hubo un "lapsus" que supone la vulneración de derechos fundamentales.
Así lo ha acordado la juez a propuesta del letrado del acusado Eufemiano Fuentes, Tomás Valdivielso, que impugnó las escuchas practicadas a partir de esa fecha, ya que en el auto que las autorizaba figuraba la fecha de 31 de mayo de 2006 y ésta se rectificó "a mano" para poner la del 2 de junio siguiente.
Esta rectificación manuscrita fue calificada en principio de "manipulación y chapuza" por parte de los abogados de Eufemiano y de Yolanda Fuentes, aunque más tarde el primero de ellos aclaró que no había querido acusar al secretario judicial de manipular documento alguno.
El segundo, Ignacio Arsuaga, que hoy también representa a Vicente Belda e Ignacio Labarta, subrayó que se trataba de "una prueba ilegítima que no puede estar ni un segundo en este proceso porque vulnera derechos fundamentales", y añadió: "Esto es una chapuza integral, una diligencia como ésta no la he visto nunca".
La fiscal respaldó la petición de las defensas y dijo que dichas conversaciones "deben ser tenidas como no oídas", pero recordó que las acusaciones de manipulación "son graves porque habla de irregularidad".
Admitió, sin embargo, que podía tratarse "de una chapuza".
