Lío político alrededor de la llegada de la Vuelta Ciclista a España a Cáceres. El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha denunciado que el consistorio ha tenido que formalizar en dos ocasiones el convenio de colaboración que hace posible que la ciudad sea final de etapa el próximo mes de septiembre. El motivo sería que el primer compromiso, del pasado 11 de febrero, fue anulado por un supuesto doble incumplimiento por parte del gobierno municipal, que cuando lo suscribió no lo había confirmado en un pleno y tampoco tenía el crédito suficiente, según asegura el PSOE en un comunicado.

El concejal de Deportes, Lázaro García, ofrece una versión radicalmente distinta. Según ésta, el acto de la firma, en la que intervino el alcalde, José María Saponi, y un representante de Unipublic, organizadora de la Vuelta, fue un meramente protocolario y que el proceso para financiar el acontecimiento no se puso en marcha hasta que ha dado el visto bueno el Instituto Municipal de Deportes, ayer mismo.

"Resulta el colmo del despropósito traer para aprobar un convenio que ya estaba firmado con tres meses de antelación y que es receptivo, como han reconocido los miembros del Partido Popular, que debería haberse conocido previamente y autorizado por la junta rectora o el pleno de la corporación la firma del mismo", explica el grupo socialista en su denuncia pública.

CONTROVERSIA La denuncia se amplía al hecho de que el Instituto Municipal de Deportes "sólo se ha reunido dos veces este año, cuando debería hacerlo al menos una al mes", según afirma el concejal socialista José Ignacio Fernández. Su abierto antagonismo con Lázaro García, que ya ha terminado varias veces en los tribunales, vive así un nuevo episodio. "El grupo socialista vuelve a sacar los pies del tiesto y a intentar confundir a la opinión pública. El ciudadano es inteligente y sabe lo que hacen unos y otros. Hemos conseguido que venga algo bueno para Cáceres", lamenta García. "No nos oponemos a que la Vuelta pase por aquí, pero entendemos que la imagen del PP al verse obligado a anular el convenio demuestra improvisación, ineptitud y desgobierno", apunta el PSOE.