Desde hace ya algunas temporadas, los seguidores y aficionados del fútbol de este país venimos notando cómo los clubs de la Segunda División B de nuestro deporte rey van paulatinamente languideciéndose, entrando en una especie de pozo profundo del que es difícil salir hacia la Segunda División y del que, sin embargo, es fácil bajar hacia el fútbol regional de la Tercera División.

La tan profunda y cacareada crisis económica que estamos padeciendo está golpeando a todos y cada uno de los sectores de la economía, repercutiendo sobremanera en el fútbol, hasta el punto de que más de 60 equipos de los 80 que forman los cuatro grupos de la Segunda B se van a ver envueltos dentro de unos días en problemas con sus jugadores por razones de impago de salarios. La deuda de tales clubs por éste concepto al final de temporada se estima que superará los 60 millones de euros.

La Segunda División B es una categoría cuya competencia la ostenta la Federación Española de Fútbol, y en este sentido debemos tener muy presente lo prescrito por el artículo 104 del Reglamento federativo, donde se prevé el descenso de categoría a la Tercera División para aquellos clubs que el último día hábil del mes de julio no se encuentren al corriente de las obligaciones con sus jugadores y técnicos.

Ahora bien, la vigente Ley 22/2.003, de 9 de julio, Concursal, se ha mostrado como una solución muy interesante para aquellos clubs en difícil situación económica, aunque dicha ley no puede ser considerada en modo alguno como una panacea universal; sí es verdad que su aplicación por los juzgados de lo mercantil ha provocado dos efectos de sosiego para los clubs; en primer lugar, la paralización de las deudas y, segundo lugar, dejar de pesar sobre ellos la tan temida espada de Damocles del descenso de categoría.

Ante las ventajas evidentes que la Ley Concursal ofrece a los clubs, y teniendo en cuenta la situación económica por la que estamos pasando, es obvio que cada vez más entidades deportivas han solicitado ante el juzgado de lo mercantil el concurso voluntario que conlleva la inaplicación del artículo 104 del Reglamento federativo, siendo por el contrario los futbolistas los grandes perjudicados por la desaparición del mecanismo previsto en el artículo de referencia, que le garantizaba el pago de sus salarios.

Dentro de unos días, vamos a ser testigos de la paradoja que consiste en el ascenso a Segunda B de clubs de Tercera División que no le han conseguido en el terreno de juego y que, por mor de su economía o de algún mecenas que pone su pecunio, sí lo consiguen y, por otro lado, el camino opuesto, el descenso al fútbol regional de la Tercera División o lo peor de todo, la desaparición de clubes de Segunda División B por impago de sus deudas. Son las dos caras del fútbol, pero sobre todo estamos hablando de la precariedad de una categoría cuya rentabilidad económica es, a la vista de los acontecimientos, bastante deficiente.