Con la resolución del Comité de Garantías favorable a Juan de Dios Monterde y en la que se asegura que se aprecian "gravísimas irregularidades" en las votaciones favorables a Elisardo Plaza que han hecho de que el empresario pacense vea frenado su acceso a la presidencia, se abren muchas incógnitas en el proceso electoral de la Federación Extremeña de Fútbol, sin que de momento se puedan despejar y se alcance a adivinar un horizonte claro sobre el futuro de la territorial.
En función de su decisión, la propia fiscalía podría ser la espoleta de un terremoto que acabe por derrumbar definitivamente los cimientos de la propia territorial, muy tambaleante ya. Y es que el proceso de elección a presidente podría quedar paralizado si finalmente se acepta en el juzgado pacense lo que apunta el Comité de Garantías en su resolución, que fue tomada por unanimidad por sus cinco miembros.
El puzzle es monumental. La Junta de Extremadura tendría que coger las riendas definitivamente, como marca su obligación legal, y estaría virtualmente obligada a nombrar otra junta gestora, distinta a la actual, para que se puedan desarrollar las elecciones, entre otras cuestiones urgentes a dilucidar.
Y es que si el problema llega a la vía judicial definitivamente, el proceso quedaría estancado y los interrogantes, ya de por sí cuantiosos, se multiplicarían. El hecho de que el caso de los polémicos votos llegue a los tribunales haría que, mientras no haya sentencia de por medio, tampoco se podrían celebrar comicios. Más caos, más incógnitas.
Los servicios jurídicos de la Junta siguen estudiando el problema planteado. La Junta Electoral, aunque no oficialmente dimitida, no ejerce. Hay vacío de poder y de funcionamiento. La salida se atisba complicada.
La Dirección General de Deportes está esperando a un momento clave que puede marcar un antes y un después en el proceso. Una de las posibilidades que maneja es esperar a recibir formalmente la renuncia de la Junta Electoral. A partir de ahí, la actuación puede ser rápida: agilizar el nombramiento de otra junta gestora para que se puedan reanudar las elecciones.
Incluso desde los propios trabajadores federativos se vería con buenos ojos esta posibilidad, pues cabe la opción de que se replanteen la continuación del paro. Todo, por agilizar el proceso, que haya un presidente y el fondo de la cuestión, cobrar lo que se les adeuda: 7 meses.
Expertos consultados por este diario dibujan incluso la posibilidad de que la federación, acuciada por las deudas y los embargos, pueda entrar en concurso de acreedores.
