En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 19 de enero de 1963 y con la firma del dictador Francisco Franco por delante, y en tipografía considerablemente más grande que la del ministro de Trabajo del momento, Jesús Romeo Gorria, se oficializó el primer salario mínimo interprofesional (SMI) de la historia de España. Su montante ascendía a 60 pesetas diarias o a 1.800 pesetas mensuales para todo trabajador mayor de 18 años.

El texto de la reforma casi justificaba más la medida con el fin de poner coto a «la discriminación profundamente injusta» entre empresarios, que se hacían la competencia a través de salarios a la baja, que no tanto por el bienestar del trabajador. En este sentido, la importancia del salario mínimo no ha variado demasiado 55 años después. Al igual que en algunos otros aspectos.

El próximo viernes, 21 de diciembre, está previsto que, en la reunión del Consejo de Ministros que se celebrará en Barcelona, el Gobierno de Pedro Sánchez apruebe la subida del salario mínimo a 900 euros. Esta subida, la mayor a nivel porcentual desde ese BOE del 1963, afectará a entre 1,3 y 2,4 millones de personas, según los cálculos realizados por el Ministerio de Trabajo. Lo que oscila entre el 6,8% y el 12,7% de los 18,9 millones de afiliados dados de alta en la Seguridad Social.

IMPORTANCIA RELATIVA / Una proporción muy parecida a la estimada en el 1963 por la Administración franquista, que calculaba que «tan solo un 8% de la población laboral española» se encontraba «percibiendo los mínimos legales estrictos», extendiéndose al 15% si se sumaban los «peones no especializados». La subida del salario mínimo interprofesional en el ecosistema laboral español tiene una importancia relativa, según consideran los expertos, puesto que es sobre todo en la negociación colectiva donde se deciden la mayoría de las retribuciones. «Se tata más un índice de referencia sobre el que los actores sociales negocian los nuevos convenios», comenta el vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad de Barcelona (UB), Raúl Ramos.

PRIMA LA NEGOCIACIÓN / El anuncio de Sánchez que tomará cariz oficial previsiblemente el próximo viernes llega precedido por otra cifra sobre salarios mínimos. El pasado mes de junio, CCOO y UGT cerraron con la CEOE y Cepyme el cuarto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Una de las medidas estrella del pacto fue fijar que en los nuevos convenios colectivos no podía haber categorías con sueldos por debajo de los mil euros al mes o, dicho de otra manera, los 14.000 euros al año. «Lo que el presente decreto quiere hacer y hace es extender a tales sectores las mejoras obtenidas en aquellos en los que la contratación colectiva o la mejora voluntaria han jugado», rezaba en el BOE del 1963. La secretaria de Empleo de CCOO, Lola Santillana, reconoce que en los grandes convenios no están teniendo problemas con la patronal para cumplir ese pacto, pero sí en otros sectores como el de la ayuda a las personas dependientes o el de la limpieza, donde hay varios textos encallados. Uno de los argumentos que han sostenido las patronales en contra de la subida del SMI es la destrucción de puestos de trabajo que prevén que acarreará. El profesor de ESADE Pedro Aznar afirma que no existe evidencia empírica de ello. El aumento de falsos autónomos y la economía sumergida son los elementos más reiterados por la vía empresarial, y las micropymes, las más susceptibles.