De los 441.700 nuevos empleos públicos que los gobiernos del PP crearon entre 1997 y el 2004, un 56,1% fueron temporales. No es de extrañar, por tanto, que la tasa de eventualidad en la Administración se haya incrementado 6,6 puntos durante este periodo, hasta situarse en el 22,8% del total.

El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno, aprobará hoy un informe sobre la temporalidad en el sector público, que fue encargado por el responsable de Trabajo, Jesús Caldera. El ministro considera este fenómeno como "uno de los más serios problemas de nuestro mercado de trabajo".

CASI TRES MILLONES En España hay 2,8 millones de empleados públicos, de los que 637.100 tienen un contrato temporal. Esta cifra se había mantenido prácticamente constante desde 1987, pero se duplicó desde que comenzó a gobernar el PP. En el 2004, el número de eventuales ha comenzado a experimentar una cierta desaceleración. Para el CES, los motivos de este fenómeno hay que buscarlos en los criterios restrictivos de reposición de las vacantes, la dilación o ausencia de oposiciones sobre todo en educación y sanidad, la escasez de financiación pública para la prestación de determinados servicios, el mal uso de figuras como la interinidad, la dependencia de subvenciones para la prestación de servicios municipales y la falta de planificación de las plantillas.

La temporalidad en la Administración española es superior al del resto de países de la UE y afecta sobre a todo a mujeres, cuyo número de contratos temporales se ha triplicado en estos últimos años. En ministerios como el antiguo de Ciencia y Tecnología, Economía e Interior las tasas van desde el 25,2% al 41%.

En las autonomías se concentra el 57,6% del total de trabajadores temporales, quizá porque han absorbido a muchos que ya lo eran antes de que fueran transferidos desde la Administración central. La Administración local concentra el 26,5% de todos los empleados temporales públicos; la central, sólo el 10,8%; y las empresas públicas, el 4,2%. La tasa de eventualidad dentro de los ayuntamientos es del 31%; del 23% en las autonomías; y del 13% en la Administración central. Capítulo aparte es la educación, con el 22%; o la sanidad, con el 29%.

Hay 11 autonomías que presentan porcentajes de temporalidad superiores a la media nacional, como Canarias (31%), Extremadura (34,3%) y Castilla-La Mancha (31%). Por debajo del promedio, están Baleares (21,1%), Cataluña (18,5%), Madrid (14,5%) y La Rioja (14,4%). Destaca el hecho de que la eventualidad se produce con más fuerza en municipios con menos de 20.000 habitantes.