Unos 600.000 trabajadores interinos deberán convertirse en funcionarios después de que el Congreso aprobara el pasado jueves el Estatuto Básico del Empleado Público. Las administraciones que no consoliden estos puestos de trabajo mediante concurso-oposición deberán comenzar a pagarles los trienios que tengan acumulados.
Más de 25 años de espera desde que se aprobó la Constitución y más de dos años de negociaciones han sido necesarios para que el Congreso dé vía libre a este estatuto que regulará la vida laboral de más de dos millones y medio de empleados de las distintas administraciones.
El marco legal cambia el tipo de pruebas de acceso a la carrera funcionarial, la vinculación del salario a la consecución de objetivos y la posibilidad de perder el puesto ganado por concurso si no se logran alcanzar metas en el desempeño de la función.
Las administraciones deberán comprometerse a hacer fijos a los trabajadores interinos en los puestos que ahora ocupan y pagando su antigüedad. Los funcionarios tendrán derecho a cobrar el 100% de las pagas extraordinarias y a jubilarse anticipadamente en algunos casos.
