El universo de 14.000 millones de gasto en subvenciones que ha sido evaluado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en su primer informe (spending review) incluye ayudas directas a familias y empresas para diferentes fines (desde compra de vivienda a inversión en I+D+i o formación de trabajadores, por ejemplo), concesión de créditos blandos, prestación de garantías, transferencias sociales y otras partidas articuladas por el Estado, las autonomías o los ayuntamientos.

La falta de transparencia es la crítica que más repite el informe. Falta de transparencia en el diseño de los objetivos a los que deben servir las subvenciones. Falta de transparencia sobre la eficacia en el cumplimiento de esos objetivos y falta de transparencia en algunas adjudicaciones.

En particular, una de las cuestiones que ha detectado la Airef es la existencia de «cierto abuso» en la concesión directa y nominativa de subvenciones, las que se otorgan sin necesidad de concurso público. En este punto se ha detectado también «falta de transparencia» e «insuficiente regulación de las obligaciones que asumen los beneficiarios» de este tipo de ayudas. La cuestión es relevante si se tiene en cuenta que un tercio del total de subvenciones registradas son de concesión directa (sin pasar por concurso público) o nominativa.