Las preguntas de la acusación, liderada por el exconsejero de Banesto y enemigo de Botín, Rafael Pérez Escolar, tuvo como fin saber si los 43,7 millones de euros para Amusátegui tenían por misión "no obstaculizar" la fusión. Preguntaron: "¿Se le pagaron por su trabajo o para quedarse usted como único presidente?". Sobre el exconsejero delegado, Angel Corcóstegui, preguntaron por qué no nombró a un consejero del Hispano cuando Amusátegui se fue. "¿Tuvo que ver con el convenio firmado con Corcóstegui?", interrogó el abogado José Manuel Gómez Benítez. Botín se negó a contestar, porque desde que el Santander compró Banesto en 1994, Pérez Escolar y su gente se han dedicado a abrir procesos para "perjudicar" al SCH.
