La industria de la construcción británica está implicada en un enorme escándalo que puede llevar la ruina a buena parte del sector. La llamada Office of Fair Trading (OFT), el organismo que controla el buen funcionamiento del comercio y la competencia de los mercados, acusó ayer formalmente a 112 empresas constructoras de haberse puesto de acuerdo para inflar los costes de ejecución de edificios adjudicados en concursos públicos.
Los contratos afectados por el fraude están valorados en 4.000 millones de euros y entre ellos hay hospitales, colegios y universidades. En la investigación, que ha durado cuatro años y es la mayor de las que se han realizado en el Reino Unido, están involucradas algunas de las constructoras más importantes del país, como Carillion o Balfour Beatty. Unas 80 constructoras, según la OFT, han admitido haber participado en la trama, en la que se han detectado más de 1.000 contratos con irregularidades por valor de "varios centenares de millones de libras".
Las empresas se presentaban a los concursos públicos sin estar interesadas en el contrato, pero interviniendo en la puja para dar "la falsa impresión de competencia para aumentar los precios", señaló un portavoz de la OFT. Quien terminaba cerrando la operación realizaba pagos clandestinos, con facturas falsas, a los que quedaban excluidos.
La práctica recibe el nombre de "precio encubierto" y, según la OFT, es "un mal endémico". En uno de los casos, el precio de un edificio universitario llegó a costar un 25% más después de que cuatro compañías pujaran artificialmente. En otro caso, el contrato del ganador para edificar una escuela se encareció en 600.000 euros.
La multa por formar parte del cártel puede suponer el 10% de la facturación de la compañía. Ante la amenaza de la bancarrota para algunas firmas, la Confederación de la Construcción (CC) pidió a la OFT una respuesta "sensata y proporcionada".
