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El sistema de protección social

El adelanto electoral dinamita el consenso del Pacto de Toledo

La comisión queda bastante tocada al finalizar la legislatura sin lograr cerrar un pacto de mínimos. Celia Villalobos rechaza volver a convocar una reunión al no ver posibilidad de que haya acuerdo

 

La presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, responde, ayer, a los periodistas. - EFE / CHEMA MOYA

Gabriel Ubieto
21/02/2019

La presidenta de la comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, enterró ayer cualquier opción de un acuerdo in extremis entre los partidos durante esta legislatura y rechazó desde la Mesa convocar una nueva reunión extraordinaria. Así lo confirmaron fuentes de las fuerzas políticas integrantes, que habían solicitado una última oportunidad para poder alcanzar el consenso que no consiguieron cerrar el pasado martes. Tras la que estaba prevista que fuera la última reunión de la comisión en la presente legislatura, PSOE, PDECat, PNV y Compromís registraron a última hora una solicitud de reunión extraordinaria que debía valorar la Mesa ayer. La respuesta de su presidenta fue la negativa, al no interpretar posibilidad real de pacto.

El Pacto de Toledo es un espacio compuesto por los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados que funciona como órgano consultivo. Es decir, se fundamenta sobre la voluntad de consenso entre las partes para emitir recomendaciones al Ejecutivo, que puede desoír o no. De hecho, la reforma de las pensiones que llevó a cabo el primer Gobierno de Mariano Rajoy fue contraria a los posicionamientos del Pacto. Fuentes de las negociaciones señalan que el «fracaso» de esta legislatura radica en la falta de un consenso, aunque fuera de mínimos, tras más de dos años de trabajos.

Celia Villalobos, que dejará la política activa al finalizar la legislatura después de que en agosto del año pasado fuese apartada de la Diputación Permanente del Congreso –formaba parte de ella desde 1989 y apoyó la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría en la última votación del PP–, ya había afirmado antes de entrar a la reunión de ayer que ella no era partidaria de conceder una última oportunidad a los partidos, pues no existía un documento previo con el suficiente consenso entre las partes sobre el que trabajar. La duración del encuentro fue de una brevedad premonitoria, según coincidieron varias fuentes presentes en el mismo. La dirigente del PP, con potestad para no volver a convocar la comisión, rechazó habilitarles a los partidos «un acto preelectoral».

CULPABLE PODEMOS / Villalobos responsabilizó en público a quien otros partidos señalaron en privado: a Unidos Podemos. «Ha habido un grupo político, que por los intereses que ellos quieran, que tienen todo el derecho del mundo, lo han dinamitado», declaró en los pasillos del Congreso la presidenta de la comisión, haciendo referencia a la cantidad de enmiendas registradas por la formación morada.

Finaliza así durante la presente legislatura el debate sobre pensiones en el marco del Pacto de Toledo. Quedará para la siguiente consensuar un documento con recomendaciones que el Ejecutivo pueda hacer suyas.

Algunos de los puntos que la comisión del Pacto de Toledo ha ido limando durante la presente y casi finalizada legislatura ha sido la recomendación de que las pensiones se revaloricen cada año según el IPC real. También poner fin a la política de préstamos del Estado y acotar progresivamente así el déficit de la Seguridad Social, instando al Ejecutivo a que busque nuevas formas para dar sostenibilidad al sistema público de pensiones.

El Gobierno compensará desde ayer a 9.373.892 pensionistas con unos 13 euros de media de la conocida como «paguilla», es decir, una paga única adicional como consecuencia de un mayor incremento de los precios (IPC) en el 2018. El Ministerio de Trabajo afirmó en un comunicado que destinará 123,4 millones de euros a la paga, que tiene como objetivo compensar la décima de desviación del IPC que se registró el pasado año (1,7 %).

El Gobierno extenderá este abono adicional a 194.393 prestaciones familiares por hijo a cargo, mayor de 18 años y discapacidad igual o superior al 65%, a las que se dedicarán 1,08 millones.