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Evaluación del gasto

La Airef pide sancionar al que abuse de las subvenciones

El organismo reclama indicadores para fijar si el gasto se ajusta a los objetivos. La Autoridad Fiscal detecta ineficiencias de 14.000 millones de ayudas públicas

 

José Luis Escrivá, presidente de la Airef, autoridad independiente de responsabilidad social. - JOSE LUIS ROCA

ROSA MARÍA SÁNCHEZ
04/06/2019

El disfrute indebido de una subvención pública, como pudiera ser por ejemplo una ayuda para compra de vivienda, debería llevar aparejado un régimen sancionador, que además de la devolución de la ayuda conlleve algún tipo de recargo de intereses de demora o de multa. Esta es una de las propuestas que se desprenden del primer informe sobre la calidad del gasto (spending review) en subvenciones del conjunto de las administraciones públicas en España que publicó ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef).

El informe ha rastreado diferentes partidas de subvenciones, por un total de unos 14.000 millones, del Estado, las autonomías y las corporaciones locales. La Airef se ha centrado en los procedimientos generales que rigen el diseño de los diferentes programas de ayudas, su adjudicación y su eficacia respecto de unos objetivos iniciales, casi nunca especificados. Y la conclusión general es que las subvenciones no siempre se ajustan a un determinado objetivo estratégico; su concesión es farragosa; no existen unos indicadores objetivos que permitan controlar el cumplimiento de unos objetivos previos de política económica y social y tampoco se ha desarrollado un régimen sancionador frente a posibles fraudes.

En realidad, la ley general de subvenciones sí establece la posibilidad de establecer multas, de hasta el triple de la cantidad defraudada, además de imponer el reintegro de la ayuda. En la práctica, sin embargo, la Airef ha detectado «una dejación generalizada del ejercicio de la potestad sancionadora» que con alta frecuencia se enfrenta a «la caducidad» de los procedimientos.

Desde el punto de vista de este informe, está fuera de duda el control de legalidad sobre el gasto público que ya ejercen el Tribunal de Cuentas y los interventores. El objetivo de la Airef es otro y se centra en «evaluar la calidad» del gasto público, según aclaró el presidente de la Airef, José Luis Escrivá, durante la presentación del primer estudio del spending review (evaluación del gasto) que el Gobierno ha encargado a la Autoridad Fiscal para los tres próximos años por exigencia de la Comisión Europea.

No existe una conclusión general sobre en qué medida una mejora de los procedimientos podría ahorrar gasto. «No es un ejercicio para ahorrar, sino para mejorar la forma en que se implementan las políticas públicas», precisó Escrivá.

Ahora bien, de acuerdo a la ley general de subvenciones, si se determina que una línea de ayudas no cumple sus objetivos iniciales debe ser eliminada. Esto no se puede cumplir si no existe un mecanismo de «trazabilidad» del dinero (money map) que permita llegar a conclusiones en este sentido, y esta es la principal crítica que la Airef ha trasladado a las administraciones para su mejora.

PRÓXIMOS ESTUDIOS / En los próximos días y semanas, la Airef presentará informes detallados sobre subvenciones relativos al gasto en medicamentos dispensados a través de receta médica (unos 11.000 millones), políticas activas de empleo (unos 6.000), becas de educación universitaria, ayudas en I+D+i, subvenciones para la competitividad empresarial o las transferencias para Correos y Telégrafos.

A lo largo de este 2019 se pretende revisar la calidad y eficacia del bloque de los beneficios fiscales (unos 60.000 millones de euros), el gasto hospitalario del Sistema Nacional de Salud, los incentivos a la contratación y, por último, las infraestructuras del transporte.