Pulla sin precedentes de Joaquín Almunia al Banco de España. El vicepresidente de la Comisión Europea encargado de Competencia durante los peores años de la crisis financiera española lamentó ayer que las autoridades no destaparan los problemas del Popular antes de su intervención comunitaria en junio del 2017: «En el 2012 y el 2013 se nos escapó». Podría sonar en parte a autocrítica, pero el también exministro y exsecretario general socialista añadió que «quizás no hubiera pasado con un supervisor único europeo». Es decir, si el Banco Central Europeo (BCE) -y no el organismo español- hubiera tenido entonces la responsabilidad de controlarlo, como sucedió a partir del año 2014.

Almunia reveló que en el 2012, a raíz del rescate europeo a la banca española pedido por el Gobierno de Rajoy, hubo «conversaciones» sobre si el Popular debía o no presentar un plan de reestructuración, que hubiera supuesto un duro ajuste y saneamiento y la retirada de su cúpula a cambio de ayudas públicas y el traspaso de los activos inmobiliarios tóxicos al banco malo Sareb. Sin embargo, lamentó, el banco presidido por Ángel Ron «pudo presentar su balance y situación económica y financiera de una forma que parecía mejor de lo que realmente era». Otro dardo a la supervisión.

ENFADO Y PERPLEJIDAD / El exalto cargo comunitario lo lanzó «con todo respeto al Banco de España» en un acto por el décimo aniversario de la Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Sin embargo, provocó una oleada de murmullos en un auditorio plagado de los principales responsables actuales y de los últimos años del supervisor español. Entre ellos, el exsubgobernador Fernando Restoy, responsable de negociar con Bruselas el rescate de los bancos españoles, y su actual sucesora, Margarita Delgado, que fue supervisora de los inspectores asignados al Popular.

Diversas fuentes de anteriores etapas del Banco de España consideraron «imprevista, innecesaria equivocada» la intervención de Almunia. La firma Oliver Wyman y no su organismo, recordaron, fue la que determinó las necesidades de capital de todo el sector, incluido el Popular (3.223 millones de euros), y el banco las subsanó con una ampliación de capital de 2.500 millones y otras medidas. Pero incluso si se hubiera podido intervenir entonces, subrayaron, hubiera costado dinero público, mientras que su venta en el 2017 al Santander no precisó ayudas.

Las fuentes destacaron que el entonces gobernador, Luis María Linde, ya admitió en abril del año pasado que fue una «decisión mala» permitir al Popular recapitalizarse por medios privados en el 2012, si bien precisó que era fácil verlo «post factum» (después de los hechos). Según defendieron, aquello fue un ejercicio de humilde autocrítica del que luego se lamentó Linde porque sus palabras se malinterpretaron. En cambio, sostuvieron, el ataque de Almunia ha sido injusto y premeditado y podría obligarle a acudir como testigo en la causa abierta por la caída del banco.

Por otra parte, la subgobernadora advirtió a los bancos de que deben reforzar su solvencia «siendo muy discretos con sus dividendos». También les reclamó que compensen «con capacidad instalada y con los costes» su baja rentabilidad, que afronten una «transformación digital de verdad, de puertas para adentro y no para afuera» y que se adapten «a los cambios que se han producido en la sociedad, que son muchísimos».