El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, recibió ayer una ducha fría. El proyecto de restringir la contratación de inmigrantes en sus países de origen como forma de reducir el paro en España generó una avalancha de críticas. Solo el PSOE, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y los hosteleros salieron en su defensa.
Desde primeras horas de ayer, las restricciones a la contratación de extranjeros anunciadas por el ministro provocaron la rebelión de un buen número de las comunidades autónomas con competencias en materia de empleo. Madrid, País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana criticaron la propuesta.
"CHIVOS EXPIATORIOS" Por su parte, SOS Racismo acusó al titular de Trabajo de convertir a los inmigrantes en "chivos expiatorios" de la situación económica. Para el sindicato CCOO, el proyecto de Corbacho responde a "improvisaciones y ocurrencias" que responsabilizan a los extranjeros del alza del paro. UGT recordó que los inmigrantes están sufriendo con mayor intensidad el aumento del desempleo.
También el presidente de la patronal de las empresas de trabajo temporal (AGETT), Francisco Aranda, criticó duramente el anuncio del ministro. Aranda conoce el problema porque el 34% de los contratados a través de estas empresas son inmigrantes y se dedican a traer trabajadores por encargo desde Ecuador, Colombia, Rumanía o Marruecos. "Son las necesidades empresariales y no los ministros quienes deben determinar el catálogo de ocupaciones, porque ahora traemos ingenieros, médicos y enfermera,s y en España sigue siendo difícil encontrar un fresador. Huelen mal estas manifestaciones en una persona como Corbacho, porque la contratación en origen es lo único que puede acabar con las pateras", dijo.
Al vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, le llama la atención "que el ministro cierre el grifo de la inmigración legal dejando solo la puerta de la inmigración ilegal para entrar en España".
Rubalcaba consideró "razonable" ser "más restrictivos en la contratación en origen" y el PSOE recalcó que "lo prioritario es atender a los ciudadanos españoles que necesitan trabajar".
También la patronal de hostelería --sector que tiene un 30% de la plantilla extranjera-- defendió al ministro y aseguró que los 40.000 trabajadores en origen que el sector demandaba cada año ya no serán necesarios, porque si bien antes los camareros se iban a la construcción ahora se está produciendo el movimiento contrario y los parados de la construcción están solicitando puestos de camareros.
Sin embargo, y pese al revuelo generado, el Gobierno español mantiene acuerdos para regular la contratación en origen con seis países, que no se verán afectados por las restricciones anunciadas por Corbacho.
