La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, firmó ayer con los representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CIG el IV convenio único para el personal laboral de la Administración del Estado que fija mejoras retributivas de un 5,5% de media este año en todas las tablas salariales, así como el acuerdo sobre los fondos adicionales, con los que se paga parte de ese alza.

El incremento en las tablas incluye una subida lineal para todo el personal laboral de 280 euros anuales (20 euros al mes) con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2018, la subida general (en enero de 2019 subió un 2,25%), así como incrementos variables en función de los distintos grupos. Una mejora en la retribución que afecta a cerca de 40.000 personas pero que tendrá mayor incidencia en aquellos que menos salario cobran.

Así, los trabajadores con las retribuciones más bajas (10.000 personas) verán incrementada su retribución cuando entre en vigor el acuerdo en un 9,36% respecto al 2018, lo que sumado al incremento general del 2,25% supone un aumento total del 11%. En el 2020, el incremento respecto al 2018 será de un 14%. Así, si cobraban hace un año 998 euros al mes (en catorce pagas) pasarán a percibir 1.136 euros tras la aplicación del acuerdo y en 2020, un máximo de 1.200 euros (entre 1.161 y 1.198, según vaya la evolución de la economía en nuestro país).

DIVISIÓN EN DOS / Además, el último grupo se divide en dos a través de la integración de todo el personal laboral que está en dicho grupo en el nivel E1 y con la aparición de un nuevo grupo (E0), en el que todavía no hay nadie, y que servirá si en el futuro el Estado necesita contratar a personal sin formación. En ese caso, la retribución mensual sería de 1.071 euros, según el acuerdo.

El coste de todo esto será de 25 millones de euros, de los que más de 10,18 millones se financian con los fondos adicionales. Además, desde el año 2020 se comprometerá un 25% más de los fondos adicionales para implementar medidas retributivas de homogeneización y desarrollo de la carrera profesional de cada uno de los trabajadores.

primero en 10 años / En el convenio -el primero que se firma después de 10 años- también se establece una clasificación profesional conforme al sistema educativo y al Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales; se ordena los puestos de trabajo en función de los niveles de titulación, formación y capacitación; se ordena la movilidad del personal laboral y se favorece su promoción profesional; se recoge la posibilidad de que estos trabajadores puedan acogerse a la jubilación parcial como el resto de trabajadores a partir del 1 de enero del 2021 y se establece el concurso abierto permanente para facilitar la movilidad y la cobertura de puestos de manera más rápida.

Además, Batet afirmó con los sindicatos CCOO, UGT y USO -CSIF no se unió-- el acuerdo para distribuir los fondos adicionales de 32,2 millones de euros que mejorarán las condiciones laborales y las retribuciones de 90.000 empleados públicos con medidas como mejoras en el complemento de destino del personal dedicado a la atención al ciudadano o la reclasificación de los trabajadores de instituciones penitenciarias, además de los 10 millones del convenio. En total, con ambos acuerdos, según el Gobierno se mejorará la situación laboral de más de 130.000 trabajadores de la Administración General del Estado.