Las modificaciones estadísticas realizadas por el Gobierno en la pasada legislatura han provocado la aparición de 400.000 desempleados que antes no figuraban en los registros laborales y la supresión de más de 108.000 afiliados a la Seguridad Social. El nuevo sistema estadístico SISPE de medición del paro, que entró en vigor en abril del 2005, no ha beneficiado mucho al Gobierno, más bien ha perjudicado las cuentas oficiales. Si en mayo de aquel año había 1,653 millones de parados --según el sistema (SILE) usado en las dos legislaturas anteriores--, con el SIPE se elevó de golpe la cifra a los 2,059 millones, es decir 442.408 personas más buscando un empleo.
Trabajo ha seguido utilizando los dos sistemas estadísticos para hacer simulaciones y, si se aplicara el antiguo método de la etapa del PP, la cifra de desempleados del mes pasado hubiera ascendido a 1,712 millones, muy lejos de los 2,315 que Caldera se vio obligado a reconocer en rueda de prensa. La diferencia es de 603.321 parados.
AGRICULTORES Una situación a la inversa es la que ha ocurrido en la Seguridad Social con los agricultores autónomos. Varios decretos han obligado a dar de baja de oficio a los que ya no tenían actividad agraria y por tanto no cotizaban en este régimen. Desde enero del 2005, fecha en la que comenzó este proceso, han ido desapareciendo del Seguro una media de 4.000 agricultores mensuales. Al final, 108.228 afiliados han salido de los registros, según los datos de la Seguridad Social.
Sin embargo, la aparición de la llamada clave 17 en la nueva clasificación del paro registrado provocó un revuelo preelectoral que obligó al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, a explicar que solo están incluidos jóvenes de entre 16 y 18 años sin cualificación específica ni experiencia a los que, desde julio del 2007, no se les considera parados sino demandantes de servicios previos al empleo, es decir de formación ocupacional. Caldera y el secretario general de Empleo, Antonio González, cuantificaron en 19.000 personas los inscritos en esta clave.
