El Gobierno ha aprobado hoy la Estrategia Global de Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad para promover el acceso al mercado de trabajo de este colectivo que representa el 8,6 por 100 de la población de entre 16 a 64 años, de los que sólo la mitad están ocupados.

Según explica el Ejecutivo, los objetivos de esta iniciativa se completarán entre 2008 y 2012, para cuyo desarrollo se destinarán 3.700 millones de euros.

La estrategia responde a la necesidad social de que en una sociedad inclusiva hay que aspirar al pleno empleo de todas las personas con discapacidad que quieran trabajar.

Además, da cumplimiento a un mandato legal contenido en la Ley para la Mejora del Crecimiento y del Empleo, que establecía que el Gobierno, previa consulta con los interlocutores sociales y las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, debía aprobar este documento con medidas dirigidas a promover más empleos y de mejor calidad para este colectivo.

El texto fija los objetivos de aumentar las tasas de actividad y de ocupación así como la inserción laboral de las personas con discapacidad y el de mejorar la calidad del empleo y dignificar las condiciones de trabajo, combatiendo activamente la discriminación.

Entre las líneas de actuación, se incluye la de remover las barreras de todo tipo (socioculturales, legales y físicas, tanto arquitectónicas como de comunicación) que dificultan el acceso al empleo de las personas con discapacidad y potenciar la educación y la formación de las personas con discapacidad.

También, diseñar nuevas políticas de empleo mejor adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad y promover una mayor contratación de personas con discapacidad en el mercado de trabajo ordinario.

Otro de los objetivos es renovar el empleo protegido, preservando el dinamismo en la generación de empleo alcanzado en los últimos años y favoreciendo un mayor tránsito hacia el empleo ordinario, mejorar las condiciones de trabajo de estas personas y la coordinación de las políticas públicas de empleo de las distintas Administraciones Públicas.

Para desarrollar la estrategia, cada año se asignarán 740 millones euros, 440 millones corresponderán a bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas que contraten a personas con discapacidad y los 300 millones restantes se destinarán a fomentar el empleo protegido, en particular, en los centros especiales de empleo.