El Congreso de los Diputados aprobó ayer el dictamen de la comisión sobre el proyecto de Ley de Suelo, con el voto en contra del PP y con la oposición de CiU a varios artículos por considerar que interfieren en las competencias autonómicas, si bien el grupo catalán apoyó el resto.
En su intervención la ministra de Vivienda, la extremeña María Antonia Trujillo, subrayó que el proyecto de ley, que ahora pasa al Senado, se ha visto reforzado durante su trámite parlamentario con medidas que aumentarán la transparencia y la lucha contra la especulación.
Entre esas medidas, el deber de hacer público, cuando haya una recalificación de por medio, el nombre de todos los dueños que haya tenido una finca en los últimos cinco años o la obligación de que todos los convenios urbanísticos y permutas de terrenos sean acordados por el pleno municipal.
Destacó también que los desarrollos urbanísticos serán sometidos a una evaluación previa y que la reserva de suelo protegido subirá del 25 al 30%.
TRAS EL 27-M Además, la ministra dijo que "los nuevos ayuntamientos que se constituyan después de los próximos comicios autonómicos y locales se regirán por esta nueva norma, un código de conducta más exigente, más transparente y menos tolerante con las malas prácticas".
El portavoz del PP, Pablo Matos, reconoció durante su intervención que el texto llega al Congreso "mejorado técnicamente" y corregido en algunos aspectos que consideraban que invadían competencias autonómicas, aunque "no en todos".
Matos denunció que el único objetivo de la ley es abaratar las expropiaciones y aseguró que "es absolutamente falso" que la norma persiga la moderación de los precios de la vivienda o evitar la especulación.
El portavoz del PSOE, Francisco Contreras, lamentó que los populares votasen en contra de la disposición adicional novena que modifica la Ley de las Bases de Régimen Local y que "contiene medidas para mejorar la transparencia" y en contra de la corrupción urbanística.
