El desbloqueo del diálogo social ha sido un bálsamo para el Gobierno, y no solo porque limita la contestación a las inevitables reformas, sino porque puede engrasar asuntos encallados en el debate político, como el nunca alcanzado pacto sobre ener- gía. El objetivo del Ejecutivo, al incluir una materia tan poco habitual en las mesas de diálogo social, era precisamente ese.

Del mismo modo que va a ser muy difícil que el PP rechace una reforma de las pensiones suscrita por los sindicatos y la patronal, José Luis Rodríguez Zapatero confía en que un acuerdo de similar calibre en política energética arrastre también a los conservadores, que hasta ahora han rechazado firmar cualquier papel que se les ha ofrecido.

No es fácil, sin embargo, que sindicatos y patronal se pongan de acuerdo sobre política tarifaria y centrales nucleares, con lo que el acuerdo social corre el peligro de quedar tan descafeinado en este terreno que no sirva a los objetivos del presidente del Gobierno. La difusión (distorsionada) de que la cuestión nuclear se incluía en el diálogo social vinculándola al acuerdo de pensiones y las reacciones subsiguientes muestran lo inflamable de la cuestión.

A bombo y platillo, el Gobierno aceptó en julio congelar la subida de luz que tenía previsto aprobar, tras alcanzar un preacuerdo con el PP para negociar un gran pacto energético. Pero desde entonces, las conversaciones han ido languideciendo, y el PP ni siquiera se sumó a un amplio acuerdo parlamentario para definir el mix energético (producción combinada de diferentes fuentes de energía) para el 2020.

El partido de Rajoy exige al Gobierno que abarate la luz y apoya veladamente la energía nuclear, posiciones que hasta ahora el Ejecutivo ha juzgado inasumibles. Tampoco es un axioma irrefutable que el PP se sume siempre a los acuerdos suscritos por la patronal. Hay, como mínimo, un precedente de lo contrario. La regularización de inmigrantes por arraigo pactada por el exministro Jesús Caldera en la pasada legislatura en la mesa del diálogo social. Pese al apoyo de los empresarios, Mariano Rajoy la rechazó, y la convirtió en un eje de ataque al Gobierno.