El presidente regional de Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), Angel García Blanco, anunció ayer que denunciará ante el Defensor del Pueblo el impedimento que la Junta de Extremadura pone a ocho jóvenes que quieren crear su propia explotación ganaderas en zonas especialmente protegidas por su valor medioambiental.
Blanco explicó que de los 28 expedientes que se han presentado para la incorporación de jóvenes al campo, la Junta considera que ocho "cometen algún delito ecológico". Sin embargo, según Asaja, esas infracciones simplemente consisten en que los proyectos "están ubicados en zonas catalogadas como protegidas".
Así, afirmó que se está poniendo en peligro el futuro de la agricultura y que la fauna silvestre se está convirtiendo "en el principal enemigo del agricultor por el exceso de celo de la administración". También señaló que "por encima de las aves están las personas" y que se está vulnerando un derecho del trabajador.
RESPUESTA DE LA JUNTA La Junta aclaró ayer que las limitaciones a la concesión de ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores vienen impuestas por la Unión Europea y que la Administración regional sólo se dedica a aplicarlas.
