+
Accede a tu cuenta

 

O accede con tus datos de Usuario El Periódico Extremadura:

Recordarme

Puedes recuperar tu contraseña o registrarte

 
 
 
   
 
 

Delitos contra Hacienda

La Audiencia de Madrid ordena la captura y el ingreso en prisión del magnate libanés El Assir

La Fiscalía solicita una pena de ocho años de cárcel y el pago de una multa de 73 millones de euros

 

Sede de la Audiencia Nacional. - ARCHIVO

El Periódico / Agencias
06/03/2019

La Sección Quince de la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado una orden de captura, detención e ingreso en prisión del magnate libanés Abdum Rahman El Assir El Kassab tras no presentarse este martes ante la Sala que iba a celebrar la vista oral de juicio por la supuesta comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, han informado fuentes jurídicas.

En dicho procedimiento, la Fiscalía solicita una pena de ocho años de prisión y el pago de una multa de 73.923.014,9 euros. Además, pide que indemnice a la Hacienda Pública con 14.784.602,98 euros, en concepto de responsabilidad civil como institución perjudicada.

Tras no presentarse, la Fiscalía de Madrid solicitó estas medidas cautelares a la Sección. El pasado diciembre, se suspendió la vista oral ante la intención de las partes de alcanzar un acuerdo de conformidad. Tras señalarse de nuevo, el magnate no se presentó. En esta ocasión, tampoco lo hizo, alegando broquiolitis.

Omisión de declaraciones triburarias

Según el escrito del fiscal, "omitió conscientemente" la presentación de las declaraciones tributarias relativas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de los ejercicios de los años 2002 y 2003 pese a tener residencia habitual durante dichos años en España desde el 1999 "y mantener intereses en el territorio español".

"Examinada la documentación aportada por un tercero y los datos y antecedentes obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, resulta que el obligado tributario dejó, consciente y voluntariamente, de ingresar en la Hacienda Pública por IRPF del ejercicio del 2002 un total de 12,03 millones y por el del 2003 un total de 2,74 millones.

Concretamente, concluyen que El Assir ingresó en el 2002 un total de 25,1 millones de euros y 6,13 al año siguiente. Así, las respectivas cuotas líquidas a declarar ambos años hacen un montante de 14,78 millones de euros.

Su patrimonio

Según el fiscal, El Assir es propietario en España, a través de sociedades instrumentales, de varios inmuebles de lujo, de un punto de atraque de un barco de grandes dimensiones y de varios coches de alta gama utilizados para uso y disfrute de la familia del acusado.

Para la adquisición, rehabilitación y mantenimiento de dichos bienes ha recibido fondos del extranjero procedentes del BBVA Privanza Bank Jersey y del Banco Portugués de Negocios. Dichos inmuebles han constituido garantía hipotecaria de préstamos obtenidos del Banco Árabe Español y del Banco Zaragozano "de gran cuantía económica destinados a cubrir las necesidades financieras del acusado".

El fiscal asegura que los fondos y rentas canalizados a través de las sociedades son de titularidad efectiva del acusado, "quien posee una gran capacidad económica situada en España y en el exterior y que le permite hacer frente a los pagos derivados de los préstamos solicitados y cancelar los mismos".

Capacidad económica

Su capacidad económica está constituida por el patrimonio inmobiliario, cuya propiedad efectiva ostenta el acusado a través de las sociedades no residentes La Granjilla Corporation S.A y Miraflores Dieciocho S.A y la sociedad residente Gransoto S.L por los fondos y rentas canalizados a través de las cuentas bancarias de su titularidad y de las citadas sociedades.

Por todo ello, el Ministerio Fiscal considera que los hechos relatados constituyen "dos delitos contra la Hacienda Pública, con cuatro años de cárcel cada una, con una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante este tiempo y multa de 73,92 millones de euros, con responsabilidad subsidiaria en caso de impago y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y ayudas públicas o incentivos fiscales durante cinco años".

Además de ello, en caso de ser condenado tendría que pagar las costas del proceso y una indemnización a Hacienda del importe de 14,78 millones no ingresados en los ejercicios del 2002 y del 2003 más los intereses de demora. Es decir, en total debería pagar una cantidad cercana a los 90 millones de euros.