La sala de lo social de la Audiencia Nacional critica con dureza al Gobierno de Mariano Rajoy por haber suprimido la paga extra de Navidad del 2012 al personal laboral de la administración. Para los jueces la crisis económica no justifica "medidas restrictivas de derechos" sobre todo si se adoptan con carácter retroactivo. Por ello, plantea una cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

En la sentencia se explica que las pagas extraordinarias es un salario que " se devenga día a día" aunque se pague al final de cada semestre. Por ello, sostiene que los más de 800.000 trabajadores del personal laboral tendrían que haber percibido el porcentaje de los 15 días que habían trabajado cuando el 15 de julio se acordó eliminar el cobro de la paga extra de Navidad.

Los jueces hablan de que esta decisión es una "expropiación legislativa de derechos" y rechazan que se pueda alegar que obedece "a la pretensión de reducir el gasto público, por muy urgente y necesaria que sea". Y abundan en esta tesis al afirmar: " La reducción del déficit público puede justificar muchas cosas, pero no reúne la nota de cualificación absolutamente excepcional que sería necesaria para sacrificar el principio constitucional de seguridad jurídica que sustenta la irretroactividad, en aras del bien común".

El tribunal también subraya que "comparte sin matices la preocupación por la situación crítica que vive el país", pero señala que "esta situación altamente inquietante y de dimensiones extraordinarias" no justifica "medidas restrictivas de derechos".

El fallo alcanza solo al personal laboral de la administración y no a los funcionarios, cuyas reivindicaciones son atendidas por la sala contencioso de esta sede judicial.