Aumenta el número de entes autonómicos que no rinden cuentas

Su presidente, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentado hoy en la Comisión Mixta para la Relaciones con el Tribunal de Cuentas, celebrada en el Congreso, los informes de fiscalización del sector público autonómico de los ejercicios 2004 al 2007.

En su opinión, dificulta hacer esos informes la diferente estructura de las cuentas rendidas por las distintas administraciones autonómicas y la falta de homogeneidad con que se elaboran.

Respecto a la rendición de cuentas, aumenta el número de entidades que no lo hicieron, un 7 % en 2004 y un 11 % en 2007, pero las 17 autonomías sí lo hicieron, aunque fuera de plazo en algunos casos, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En cuanto a la liquidación presupuestaria, Álvarez de Miranda ha precisado que la evolución en este período de los créditos y las previsiones finales de los presupuestos del conjunto de las administraciones generales de las autonomías suben de media un 10 por ciento anual.

Cuatro comunidades, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y Galicia incluían "indebidamente" en sus presupuestos los importes correspondientes a las corporaciones locales por la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) de las que eran "meras intermediarias", ha añadido.

Respecto a los remanentes de tesorería, el Tribunal de Cuentas aprecia "salvedades" que supondrían minorar su importe en 3.168 millones en 2004 y 1.422 en 2007, y que "tienen su origen en el registro inadecuado" de los derechos pendientes de cobro, obligaciones pendientes de pago y de los fondos líquidos.

Para el Tribunal, tiene una "importante repercusión" la ausencia de soporte legal y de respaldo financiero autonómico de los planes de jubilaciones voluntarias, anticipadas e incentivadas para el personal docente investigador de las Universidades públicas, e insta a suspender su vigencia.

Sobre las empresas públicas autonómicas, señala que, aunque no dispone de información sobre las de Madrid, el activo de las de Cataluña y la Comunidad Valenciana supone el 65 % del total en 2007.

Entre 2004 y 2007 el endeudamiento de estas empresas creció de media un 8 % anual y en conjunto tuvieron unas pérdidas que van de 1.848 millones de euros en 2004 a 3.516 en 2007.

Para el Tribunal de Cuentas, es llamativo el "alto número" de ellas en supuestos de reducción obligatoria de capital o de disolución por pérdidas acumuladas y las que presentan fondos propios negativos.

Sobre las fundaciones y consorcios, constata la ausencia de normativa específica eficiente y la dispersión y falta de homogeneización, así como falta de pautas claras sobre el régimen presupuestario, contable y de control de la actividad económica y financiera.

En cuanto al saldo del endeudamiento financiero de las autonomías y ciudades autónomas pasó de 37.235 millones de euros en 2004 a 45.470 a finales de 2007.

Destaca Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía, que acaparan el 58,6 por ciento de la deuda financiera autonómica total del ejercicio 2007.

Subraya que durante los cuatro ejercicios, las subvenciones no han sido objeto de fiscalización con carácter global en buena parte de las comunidades, pero afirma que, a menudo, las bases reguladoras son incompletas para la concesión de las ayudas, no se justifica suficientemente su concesión o se prescinde de la publicidad o concurrencia.

Al analizar la contratación administrativa, el Tribunal de Cuentas señala la heterogeneidad y ve coincidencia en las deficiencias, anomalías e irregularidades detectadas.

Precisa que se trata de falta de justificación de los contratos, fraccionamiento indebido de su cuantía, abuso de la tramitación de urgencia, deficiencias en las adjudicaciones, retrasos en la ejecución de los contratos o modificaciones de contratos.