La mejora de la viabilidad del sistema de pensiones depende también del aumento del salario mínimo interprofesional (SMI). El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, indicó ayer que el incremento que planea el PSOE para la próxima legislatura --si vuelve a gobernar-- de 600 a 800 euros contribuirá a aumentar las cotizaciones y las pensiones mínimas.

"Si queremos que suban las pensiones mínimas ha de subir también el salario mínimo, o estamos diciendo que el Estado ha de subvencionar de manera mucho más generosa a la Seguridad Social", advirtió Granado en una conferencia en la Cámara de Comercio de Barcelona.

Actualmente, la pensión mínima de jubilación se encuentra en los 459 euros a los 60 años y en 493 a los 65, mientras que el salario mínimo está fijado en 570 euros al mes. El responsable del Seguro afirmó que los ingresos del sistema de protección social no solo dependen del número de cotizantes, sino también de la calidad y estabilidad de los empleados en su vida laboral. Los trabajadores que acceden en estos momentos a la jubilación reciben una pensión que supera en unos 250 euros la paga media del sistema, que es de 764 euros. La diferencia se debe a la mejora que ha habido de las carreras laborales, frente a las bajas cotizaciones de los trabajadores que sufrieron la posguerra. Además de la mejora del SMI, la viabilidad futura del sistema de pensiones dependerá de la reforma en trámite de la ley de la Seguridad Social, que establece un periodo mínimo efectivo de 15 años cotizados para tener derecho a la jubilación.

Sin estas mejoras, Granado advirtió de que el sistema empezaría a tener problemas de liquidez a partir del 2030, cuando el gasto en pensiones pasaría del actual 7,7% del producto interior bruto a más del 10%.

ABUSO DE ABSENTISTAS Sin embargo, quedará pendiente una reforma de la paga de incapacidad para erradicar los abusos de los absentistas y dar bajas solo en el caso de dolencias probadas que impidan el trabajo. Para ello, Granado se mostró partidario de traspasar poder de decisión del médico de cabecera a los especialistas en medicina del trabajo y revisar el concepto de profesión habitual para la que un trabajador puede estar incapacitado, incluyendo un concepto más amplio de vida laboral.

La mejora del sistema también incluirá un ajuste de las cotizaciones que pagan las empresas por accidente laboral, por las que las mutuas reciben 2.000 millones más de lo que se gastan en atender a los heridos.