Una primera partida de dinero público de 1.000 millones comenzó a fluir ayer al rescate de las fábricas de automóviles españolas. El Gobierno central destinará 800 millones al sector a cambio de que las multinacionales mantengan el empleo. Al plan anunciado por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, se añaden las iniciativas autonómicas, entre las que destaca el aval de 200 millones que dará Aragón a General Motors y su filial Opel.

El "esfuerzo social" anunciado por Zapatero para el sector del automóvil se concretará en la reducción de los costes del empleo, mejoras en la financiación e incentivos a la formación, un aumento de la productividad y de la innovación ligada a proyectos como el coche eléctrico.

SATISFACCION DEL SECTOR El paquete se completa con un impulso al transporte de mercancías por tren y una mejora de las infraestructuras que reduzca los costes logísticos de las compañías. "Todo ello, lógicamente, a cambio de compromisos de mantenimiento del empleo por parte de las empresas", puntualizó Zapatero. Los fabricantes se mostraron satisfechos a la espera de la concreción de lo que ven como una apuesta "clara".

La práctica paralización de las factorías debido al descenso de las ventas en España y a la caída de las exportaciones ha llevado a algunas comunidades a tomar la iniciativa por su cuenta. El Gobierno de Aragón se ha convertido en el primero de todo el mundo en comprometer fondos públicos para mejorar la liquidez de General Motors en Europa con el fin de garantizar que la factoría de Figueruelas empiece a producir la nueva generación del modelo Meriva en el 2009.

Una portavoz de GM España subrayó la "actitud positiva" del Gobierno aragonés. La salida al mercado del nuevo Meriva en los plazos marcados por la compañía supondrá un impacto positivo para la compañía de 700 millones. El presidente aragonés, Marcelino Iglesias, indicó que el modelo es la "garantía de continuidad de la factoría".

FORMACION PARA PARADOS En Galicia, la Xunta autorizó ayer la firma de convenios para que los trabajadores afectados por las paradas de producción perciban el 80% del sueldo del Ejecutivo y el 20% de las empresas a cambio de que se formen durante ese periodo. La Xunta destinará a esta medida 10 millones de euros, con un máximo de 400.000 euros por cada convenio.

En cambio, el consejero catalán de Innovación, Josep Huguet, indicó que el Gobierno es quien debe "arremangarse" para ayudar al sector porque es quien tiene "los medios y los recursos" para hacerlo.