Las comunidades autónomas, en virtud de sus competencias, participarán en la gestión de la renta de 210 euros mensuales que el Gobierno quiere ofrecer a los jóvenes para que alquilen viviendas y se puedan emancipar, según prometió ayer Carme Chacón, ministra de Vivienda.
El plan está aún en fase de informe --ayer fue evaluado positivamente por el Consejo de Ministros--, y no obtendrá la suficiente concreción hasta que se convierta en real decreto. Más aún, antes de que entre en vigor el 1 de enero debe pasar por el Consejo de Estado, por el Consejo Económico y Social y de nuevo por los ministerios.
La ministra quiso dejar claro que las 10 medidas presentadas ayer se materializarán contando con las administraciones autonómicas y municipales, y que la gestión de las prestaciones estará concertada. Chacón tiene previsto reunirse con los consejeros de Vivienda de cada una de las autonomías para pactar los detalles de esta gestión.
Otra cosa que quedó clara es que la renta de emancipación será compatible con cualquier deducción o ayuda al alquiler que decidan los gobiernos autonómicos. Igualmente será necesario llegar a un acuerdo con las entidades financieras para que los beneficiarios puedan cobrar ayudas a través de ellas.
La ministra quiso presentar ayer un plan equilibrado que incluye ayudas para los que demandan un piso de alquiler e incentivos que animen a los propietarios de viviendas vacías a ponerlos en el mercado. Este equilibrio entre aumento de la demanda y crecimiento paralelo de la oferta será la clave para "conjurar el riesgo" de que el precio de los alquileres suba por efecto de las ayudas y acabe absorbiéndolas, dijo ayer Chacón.
El problema de que el alquiler en España esté en torno al 11% frente al 40% de la Unión Europea no es solo que los precios sean caros, sino que la oferta es escasa a pesar de que en España hay millones de casas vacías. La mayoría de las novedades del plan van dirigidas a mitigar los temores de los propietarios.
DESAHUCIOS El principal miedo de los propietarios se centra en los complicados procesos de cobro y desahucio. Por eso buena parte de las medidas inciden en evitar algunas triquiñuelas de los morosos y en la agilización de los trámites procesales. Todo estos cambios se ensayarán en la provincia de Murcia.
Por último, la ministra anunció un nuevo plan, esta vez para la vivienda en régimen de compra, que contemplará medidas dirigidas a las clases medias.
