Las principales organizaciones de trabajadores autónomos han planteado al Gobierno desvincular la prestación extraordinaria por cese de actividad de la duración del estado de alarma y alargarla, como mínimo, hasta el 30 de junio. Así se lo han transmitido este martes los máximos dirigentes de ATA, Upta y Uatae al Ejecutivo; en una reunión a la que han asistido los ministros de Economía, Trabajo e Inclusión. Actualmente dicha prestación la están cobrando 1,2 millones de trabajadores por cuenta propia, según las últimas cifras actualizadas por el departamento de Escrivá. Los representantes de los trabajadores por cuenta propia también han demandado acelerar el reconocimiento y pago de los créditos ICO, habilitar nuevos microcréditos y crear un subsidio especial para los autónomos estacionales, que encuentran en verano su principal sustento.

ATA, Upta y Uatae han pedido seguir el mismo camino marcado para los ertes y dejar pactadas unas nuevas condiciones para la nueva fase de desescalada del confinamiento. La nueva prórroga planteada por el Gobierno provocaría que, si España entrara en junio bajo estado de alarma, el acceso a la prestación por cese de actividad se prorrogaría automáticamente para el colectivo. Presupuesto reservado para ello el Ministerio de Inclusión tiene, pues según cifras hechas públicas recientemente por José Manuel Escrivá, el Ejecutivo ha apartado 3.000 millones de euros para tal menester. Y, para una cobertura de 1,2 millones, el coste mensual roza los 900 millones euros; que alcanzarían a pagar en los actuales barémos los meses de abril, mayo y junio (además del medio mes de marzo).

Esta prestación, que habitualmente es de 661 euros para la mayoría de autónomos, "ha funcionado bien", según ha considerado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, en una rueda de prensa telemática tras el encuentro ministerial. El máximo dirigente de la entidad más representativa entre el colectivo de autónomos ha modulado las duras críticas con las que recibió en primera instancia este subsidio, que alcanza actualmente a cerca del 40% de los afiliados al RETA. “Nos hubiera gustado llegar a más gente”, ha añadido.

Amor ha abogado por fijar hasta el 30 de junio la prórroga del cese de actividad, independientemente de lo que acabe pasando con el estado de alarma. Al igual que pactó el Gobierno con CEOE, CCOO y UGT en el caso de los ertes y los asalariados. No obstante, el presidente de ATA es consciente de que, al igual que en dicho pacto, “que se prorrogue no significa que se mantenga en las mismas condiciones”, ha afirmado. En el caso de los ertes, el mantenimiento de la cobertura se ha saldado con una cierta rebaja de los incentivos para las empresas en el caso de que reincorporen trabajadores a la actividad.

Según ha manifestado en rueda de prensa, la predisposición por parte del Gobierno de dejar cerrado un acuerdo de dichas características es "clara" y desde su organización serían partidarios de mantener, en la medida de lo posible, la máxima cobertura hasta ese 30 de junio. Una "imperiosa necesidad" que ha compartido el presidente de Upta, Eduardo Abad, en un vídeo comunicado posterior a la reunión ministerial.

Los dirigentes también han abogado por la creación de un subsidio especial para los autónomos vinculados a una actividad estacional, como los feriantes, que hacen encuentran en la tradicional campaña de verano su principal fuente de ingresos. Un colectivo que, según cálculos de ATA, representa a unos 150.000 autónomos.

Acabar con el "atasco" de los créditos ICO

Otro elemento que el presidente de ATA ha trasladado a los representantes del Gobierno es la necesidad de acelerar el reconocimiento y concesión de los créditos ICO. Según datos de ATA, de los cerca de 1,2 millones de autónomos que han solicitado una línea de financiación de este tipo, los bancos únicamente se la han concedido a 300.000 autónomos. Otros 600.000 están actualmente a las espera de que se les reconozca o se les deniegue, como a cerca de esos 300.000 trabajadores autónomos restantes que la han demandado.

En esta línea, Amor también ha planteado al Gobierno la creación de una línea ICO específica para los trabajadores autónomos y el despliegue de una línea de microcréditos de hasta 15.000 euros.