Pequeñas empresas y autónomos dejarán de estar sometidos a plazos de pago abusivos por parte de sus clientes. Eso de "o firmas un plazo de pago a 120 días o nada" dejará de tener sentido. Al menos desde un punto de vista legal, porque el anteproyecto de ley de economía sostenible (LES) fija que, como mucho, se podrá retrasar hasta 60 días el pago de facturas a las "empresas de reducida dimensión" y los autónomos. Las organizaciones empresariales reclaman al Ejecutivo que acelere la aplicación de una norma que responde a una vieja reivindicación.
Para las pymes y los autónomos, el proyecto de ley no deja ningún resquicio a la vieja expresión "salvo pacto en contrario", que convierte en papel mojado la ley del 2004 de medidas de lucha contra la morosidad. El anteproyecto de la LES incluye una modificación en beneficio de los autónomos y de las empresas con una facturación anual de hasta ocho millones.
También modifica la ley de contratos del sector público y reduce de 60 a 30 días el plazo máximo en el que las administraciones públicas deberán pagar sus facturas a partir del 2013. La ley establece una reducción paulatina de los plazos a lo largo de los cuatro años que median hasta llegar al 2013.
En el sector privado, la fijación de un plazo máximo de pago de 60 días para pymes y autónomos, sin posibilidad de pacto en contrario, debe entrar en vigor en cuanto se apruebe la ley, a mediados del 2010.
La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) calcula que uno de cada cuatro autónomos que se ha visto obligado a cesar en su actividad durante esta crisis ha sido como consecuencia de la demora en el cobro, que causa el cierre semanal de 4.000 empresas. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, insta al Gobierno a "aprobar cuanto antes" la ley contra la morosidad y por eso le anima a aprovechar una proposición de ley que ya está en tramitación, para ganar tiempo.
