"Autónomos, tenemos un problema", fue uno de los mensajes entre líneas que la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dejó entrever en sus primeras intervenciones. El nuevo gobierno de Pedro Sánchez parece dispuesto a afrontar una de las asignaturas que el mercado laboral español tiene pendientes: la reforma del sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos.

El reto no es ni mucho menos nuevo, al igual que la línea en la que lo está planteando el Gobierno, haciendo suya una de las conclusiones del último informe del Pacto de Toledo: "las bases de cotización de los trabajadores autónomos se debían adecuar desde el inicio de su actividad a los rendimientos de la misma".

"España es la única de entre las economías más desarrolladas de la Unión Europea en la que los trabajadores autónomos no conviven con una fiscalidad proporcional a sus ingresos, lo que plantea una serie de déficits en el conjunto de la Seguridad Social", afirma el profesor titular de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Fargas. Uno de ellos es el déficit de las pensiones.

Aportan el 35% menos, cobran 1,7 veces menos

"Tenemos la obligación de equilibrar el sistema de aquí al año 2022 o el 2023, para que cuando llegue el impacto que van a generar las jubilaciones de 'baby boom' tengamos un sistema lo más saneado que sea posible", afirmó la ministra Valerio en su primera comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo.

La contribución a tal aspecto desde el colectivo de autónomos es, estadísticamente, negativa. La Seguridad Social, según la última memoria publicada, cerró el mes de junio con una previsión de ingresar el 34,9% menos de un trabajador autónomo que de uno del régimen general.

Cifras que se reflejan en las pensiones. Mientras la pensión media de jubilación de un asalariado era a fecha de 30 de junio del 2018 de 1.227,49 euros, la de un autónomo fue de 723,20 euros. Una cifra 1,7 veces menor, que se explica por una menor cotización durante la mayor parte de la vida laboral y que provoca que "cuatro de cada diez autónomos jubilados tienen complementos a mínimos en su pensión, lo que refleja hasta qué punto llegan a jubilarse con aportaciones a la Seguridad Social reducidas", según afirma el profesor Fargas.

La menor proporción de ingresos de los 3.263.522 autónomos frente a los 15.537.306 asalariados que había en junio está directamente relacionada con la actual legislación. "La elección de bases, y la cotización mayoritaria por base mínimas ocasiona el desequilibrio financiero del RETA", era otra de las conclusiones del último informe del Pacto de Toledo.

Tramos abiertos o un IRPF 2.0

Ante los movimientos del Gobierno, las organizaciones de autónomos han desplegado sus propuestas. Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), dos de las tres grandes organizaciones, han consensuado una propuesta conjunta. Esta se basa en cinco tramos de ingresos, desde menos del salario mínimo interprofesional hasta más de 60.000 euros, que cotizarán conforme a una base proporcional a dichos ingresos.

Uno de los aspectos que ha generado controversia, incluso interna, en dicho acuerdo, es la voluntariedad de adscribirse a los tramos. Es decir, que un trabajador que gane más de 60.000 euros puede decidir acogerse al tramo mínimo, a los medianos o al máximo. Desde ATA, para quién dicha condición era una “línea roja”, esto es algo imprescindible para responder a las demandas de "heterogeneidad" y "flexibilidad en la planificación", según explica su presidente, Lorenzo Amor.

"Sin progresividad no es posible un sistema de cotizaciones solidario", critica el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo. La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), la otra gran organización de autónomos, vinculada a CCOO, también ha dado a conocer su propuesta, basada en un paralelismo progresivo de tramos obligatorios al estilo del IRPF de los asalariados.

Ambas coinciden en que para estructurar los pagos se deben fijar aproximaciones mensuales en función del histórico de cotizaciones y están abiertas a abrir periodos de compensación durante el cierre del año. También afirman que con el nuevo sistema que proponen la mayoría de autónomos pagará menos. UATAE lo cifra en siete de cada diez, mientras que la dupla ATA-UPTA calcula que tres de cada cuatro no se verán afectados.

Está previsto que el lunes, los dos segundos contrasten sus propuestas con la ministra Valerio, en un contexto en el que el 85,6% de los autónomos no supera la base mínima de cotización.

El ejemplo belga

Los expertos insisten en que los modelos fiscales son difícilmente comparables sin el necesario contexto, aunque su estructura pueda ser útil para guiar la reforma de los propios. En Bélgica reformaron en el 2015 su sistema de cotizaciones para los autónomos para reformar la proporcionalidad del mismo.

El equivalente a la seguridad social belga cobra una cotización provisional a partir de los ingresos declarados durante los tres años anteriores. No obstante, al inicio de cada trimestre la seguridad social envía un aviso precisando cuál debería ser el importe a pagar aquel trimestre.

Una vez se consideran definitivos los ingresos declarados a hacienda, la seguridad social regulariza el importe definitivo a pagar y pide al trabajador abonar la diferencia, sin intereses, o devuelve el superávit.

Para aquellos nuevos autónomos, la cotización se realiza en base a la previsión de ingresos hecha por el autónomo, siendo durante los cuatro primeros meses el mínimo de 358,62 euros al trimestre y pasando luego a 694,46 euros al trimestre.