La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) plantea un recorte sustancial de la actividad de Correos. Según un informe de este organismo, la compañía pública debería reducir el número de días en los que entrega la correspondencia -en Italia, a la que pone como ejemplo, solo se reparte cada cinco días en zonas de difícil acceso- y considera que «no parece que sea una demanda ciudadana» el que lo haga todas las jornadas. También afirma que la empresa no debería tener fijado un número mínimo de oficinas o puntos de recogida (lo que abre la puerta a cierres) y tendría que fomentar la «externalización de la red».
La entidad supervisora entregó al Gobierno el pasado 28 de marzo un informe que prevé hacer público en los próximos días sobre Correos como compañía adjudicataria del servicio postal universal, lo que implica la obligación de llevar las cartas a cualquier punto de España a un precio asequible. La empresa, esgrime, va a recibir 1.450 millones de euros de los presupuestos del Estado entre el 2011 y el 2020 por ello.
El Ministerio de Fomento presentó a la Comisión Europea en abril del año pasado un plan pendiente desde el 2010 y elaborado junto con la compañía que elevaría la factura hasta los 2.220 millones entre el 2011 y el 2026. Correos, subraya la Airef, está en pérdidas desde el 2012 y tiene un déficit «estructural» en sus cuentas de 220 millones si no se tienen en cuenta esas compensaciones.
La autoridad fiscal es muy crítica con esta situación. De los 32 países que ha analizado, solo 12 abonan el servicio universal con fondos públicos y, de estos, España es el cuarto que más paga, solo por detrás de Italia, Francia y Bélgica. Ello se debe, argumenta, al sistema de cálculo que emplea Correos, sin actualizar desde el año 2000, que provoca que a solo el 7% de sus centros se les adjudiquen resultados positivos.
«Llama especialmente la atención que esto se produce no solo en las áreas rurales, sino que en las grandes ciudades (más de 50.000 habitantes) el 85% de los centros de coste registran pérdidas», critica.
La Airef propone que los Ministerios de Fomento y Hacienda elaboren un nuevo sistema de cálculo sin la participación de Correos y «flexibilicen» las obligaciones del servicio público para reducir su coste. En esta línea, insta a eliminar algunos productos incluidos en el servicio universal y fijar precios diferenciados en función de la urgencia del envío, así como vincular la aportación presupuestaria solo a zonas rurales o áreas donde los volúmenes de cartas sean muy bajos.
La institución también considera que Correos padece una «indefinición estratégica» en ingresos y costes que le hará incurrir en «pérdidas crecientes» y un «mayor coste público» en los próximos años. Así, destaca que el precio de una carta ordinaria ha subido el 43% entre el 2014 y el 2018 para los pequeños clientes, pero solo el 22% para los grandes debido a una política comercial de descuentos excesivos destinada a no perder cuota de mercado en ese segmento. Al mismo tiempo, subraya, solo ha reducido su plantilla el 9% entre el 2012 y el 2017 pese a la caída del 31% de los envíos.
Para reconducirlo, propone un «plan de eficiencia» de costes y «continuar con los esfuerzos de automatización, simplificación de la estructura organizativa, estudio de actividades externalizables, y reducción del tiempo dedicado a las actividades de menor valor añadido». Es decir, apunta hacia una rebaja de plantilla adicional.
