Las autoridades bancarias coinciden en que la situación del mercado inmobiliario español está lejos de la previa al estallido de la burbuja, pero comparten que hay que vigilar su evolución tras la aparición de las primeras microburbujas tras cinco años de crecimiento. Eso sí, su visión sobre la situación no es exactamente la misma. El Banco de España estima que los precios de la vivienda no han crecido de forma excesiva en el conjunto de España y por tanto es pronto para tomar medidas. Pero el Banco Central Europeo (BCE) entiende que sí que hay ya una cierta sobrevaloración e insta a adoptar decisiones al respecto.

Tanto el gobernador, Pablo Hernández de Cos, como la subgobernadora, Margarita Delgado, han defendido en las últimas semanas que la situación del crédito hipotecario y promotor es «más saludable» que en los años de los excesos, tanto en su evolución respecto a la economía y a las distintas variables de la vivienda como en los criterios de concesión de los préstamos a los clientes. El supervisor español entiende por ello que no hay motivo para adoptar iniciativas correctoras, si bien ha advertido de que somete a un «seguimiento muy estrecho» la situación.

En cambio, el BCE sí estima que hay una cierta sobrevaloración, aunque sea muy inferior a la que se produjo en el 2007, como apuntó en un informe a mediados de junio. El supervisor europeo cree que el principal riesgo es el elevado endeudamiento de las familias (hipotecas y otros préstamos) con relación a sus ingresos, que aunque ha bajado notablemente sigue por encima de la media comunitaria. De hecho, su vicepresidente, Luis de Guindos, instó hace unos días a las autoridades españolas a tomar las «decisiones adecuadas».

El sector privado español se alinea con el Banco de España. El presidente de la patronal bancaria AEB, José María Roldán, ha defendido que no hay un «sobrecalentamiento» del mercado y que las entidades no se plantean «ninguna restricción» en el crédito. La asociación de los promotores y constructores APCE, por su parte, mantiene que el mercado inmobiliario tiene aún «margen de crecimiento» porque se construyen muchas menos viviendas al año que antes de la crisis (unas 100.000 frente a 800.000) y se registran «menores niveles de apalancamiento familiar y mayor rigor hipotecario».

Rafael Gil, director del servicio de estudios de Tinsa, apunta que es cierto que la evolución de precios en las principales ciudades y en áreas litorales ha sido «notable y continuada en los últimos años, sobrepasando ampliamente el recorrido de los salarios, causando a su vez un incremento del esfuerzo financiero medio» para la adquisición de vivienda. «No obstante, las señales de estabilización, tanto de precios como de demanda -y, consecuentemente, de la contratación de nuevas hipotecas- son cada vez más claras, por lo que aun en ausencia de medidas prevemos una ralentización en el incremento de las principales variables del sector e incluso incipientes ajustes», añade.

Desde Sociedad de Tasación, por su parte, se sostiene que, si se adoptan medidas, «el foco habría que centrarlo en la capacidad de repago del prestatario, no solo en la garantía».

EQUILIBRIO / El Banco de España sostiene en su último informe de estabilidad financiera que «algunos indicadores apuntan a que los precios de la vivienda se situarían ya, en promedio, muy cerca de su valor de equilibrio de largo plazo, tras haberse situado significativamente por debajo de dicho nivel durante los años anteriores». Es decir, que los precios se encuentran ya próximos al nivel al que deberían estar en función de la evolución de los fundamentales de la economía, principalmente el PIB y el empleo.

Si se sobrepasa ese nivel, empezarían las sobrevaloraciones y el riesgo de burbuja. En el pico de la última, en el 2007, los precios llegaron a estar cerca de un 50% por encima del equilibrio. Las medias, con todo, son engañosas porque las diferencias entre regiones son notables.

La recuperación de los precios de las viviendas desde los mínimos del 2014 (22%) ha sido muy superior a la media en Madrid (49%), Cataluña (39%) y Baleares (37%). En cambio, ha sido mínima en comunidades como Extremadura y Castilla-La Mancha (8%).