El Gobierno socialista recibió ayer críticas por el incremento del 1,81% que se aplicará a partir del 1 de julio en el recibo de la luz. Hubo protestas de las organizaciones de consumidores, pero también de los portavoces del PP, CiU e IU en el Congreso.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calificó la medida de "injustificada". También la tachó de "truco de ilusionismo" del Gobierno, que se comprometió a no incrementar la tarifa por encima de la inflación y sin embargo "crecerá un 5% este año si se cuenta el 2,8% de subida de enero pasado".
A su juicio, el precio de las materias primas y las condiciones climáticas están siendo favorables, por lo que el incremento solo puede derivarse de la necesidad de compensar a las eléctricas por el déficit por unos costes superiores a los ingresos reconocidos en la tarifa oficial. Un déficit que, según la OCU, no se calcula de manera "transparente", tesis que quedó demostrada, argumentan, en el reciente informe de Red Eléctrica Española que acusa a Iberdrola de elevar artificialmente en más de 1.000 millones de euros el déficit de tarifa registrado el año pasado.
La Federación de Consumidores en Acción recordó que solo la subida superará el incremento del 2005 (1,74%). Su temor es que el recibo suba más con la revisión de octubre. La Unión de Consumidores de España denunció que esta medida viene a constatar la falta de competencia en el mercado eléctrico.
Para el portavoz del PP en la Cámara baja, Eduardo Zaplana, los españoles están pagando la opa de Endesa y las "alegrías e irresponsabilidades del Gobierno con esta subida".
