Hacienda recibe durante los últimos días una auténtica avalancha de peticiones de certificados, unas 12.000 diarias, por parte de empresas o autónomos que trabajan para otras compañías. Sin esos avales, no pueden trabajar ni cobrar de sus contratistas. Este ritmo de solicitudes se produce desde que el 1 de julio entró en vigor la nueva ley general tributaria, que estableció la responsabilidad subsidiaria de las empresas sobre la deuda tributaria de sus subcontratas. El alcance de la medida no ha quedado suficientemente claro y ha creado confusión e inquietud.
El certificado, que el fisco debe entregar en un máximo de tres días, rige durante 12 meses y libera a la compañía pagadora de toda responsabilidad por las deudas de IRPF e IVA de su suministradora durante el tiempo en el que ésta está contratada. Ante las dudas sobre la medida, ya que el reglamento no entrará en vigor hasta otoño, pymes y autónomos han optado por pedir el certificado.
