La nueva paga de emergencia de 420 euros que puso en marcha el Gobierno en agosto pasado, destinada a parados que hayan agotado todas las prestaciones, excluye de forma explícita a los parados de larga duración. Se trata de un colectivo formado por 260.000 desempleados beneficiarios de la renta activa de inserción, el subsidio para mayores de 52 años y el antiguo PER para trabajadores del campo.

Algunos de estos parados han comprobado en los últimos días que no tienen derecho a la nueva paga al haber cobrado con anterioridad la renta activa de inserción, el subsidio para mayores de 52 años y el de eventuales agrarios. Tanto el Ministerio de Trabajo como los sindicatos coincidieron en indicar que la finalidad de la nueva prestación es la de ayudar a los trabajadores que han perdido su empleo desde el inicio de la actual crisis económica a encontrar otra colocación, y no la de convertirse en una paga de carácter social o universal para garantizar unos ingresos mínimos.

"La filosofía de la medida es que los parados necesitan ahora más tiempo para encontrar empleo, por lo que se alarga el periodo de protección", indicó un portavoz del ministerio, que recordó que la red social no se acaba con las prestaciones del Inem, sino que también existen rentas de inserción que conceden las comunidades autónomas. El sindicato UGT reconoce que el programa de la nueva ayuda "es como un chicle" que han conseguido estirar al avanzar la entrada en vigor de agosto a enero gracias a un acuerdo entre el PSOE y el resto de partidos de izquierda del Congreso al que luego se sumaron todas las fuerzas.

POSIBLES BENEFICIARIOS El cambio ha ampliado de 320.000 a 700.000 los posibles beneficiarios de la medida económica, así como el coste global de 640 millones a 1.300. De las 20.000 solicitudes recibidas para cobrar el subsidio especial, ya se han aprobado 11.000.