La Banca Privada de Andorra (BPA) que, «lamentablemente» -según el presidente de la Asociación de Bancos de Andorra (ABA), Pedro González- suena a nombre genérico que implica a todo un sector, emergió como un foco de blanqueo de capitales justo en el momento en que el sistema financiero del país se hallaba en pleno proceso de adaptación de su opaca estructura fiscal a un marco regulatorio estandarizado con arreglo a los patrones de la UE. En el 2012 ya firmó un acuerdo para la prevención del blanqueo de capitales y prevención del fraude y falsificación de moneda. En el 2009 se iniciaron los cambios legislativos que debía conducir a la aprobación en el 2017 de la ley que regula el intercambio de información financiera, que básicamente supone la transparencia fiscal de las cuentas financieras andorranas.

El escándalo BPA puso en cuestión ese proceso y sometió al sector bancario andorrano al escrutinio internacional. «Nadie habría puesto en cuestión todo el sistema financiero de EEUU en el caso de que se hubieran detectado prácticas de blanqueo en una entidad financiera», subraya González en defensa de los intereses del sector. Claro que un banco sobre cinco tiene un peso mayor que uno sobre 200, lo que explica la prevención general con respecto a todo el sistema bancario andorrano.

EFECTO FAVORABLE / En todo caso, esa situación tuvo un efecto favorable: Andorra aceleró el proceso para que sus entidades financieras fueran fiscalmente homologables con las de la UE. Desde el 2015 -año en el que se dio a conocer el caso BPA- hasta el 2017, Andorra ha introducido en su legislación el delito fiscal, ha traspuesto la directiva europea sobre prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; ha incluido el intercambio automático de información fiscal -que será efectivo en el 2018- y ha modificado la legislación sobre seguros, además de someterse a la quinta revisión de Moneyval -el comité de expertos del Consejo de Europa, creado en 1997, para la evaluación de las medidas antiblanqueo-, que ha superado «con buena nota», según el presidente del INAF (supervisor financiero andorrano), Ramón López.

Ese proceso de cambio legislativo ha tenido efectos sobre las empresas del sector. No solo ha llevado al desmantelamiento de BPA para convertir sus activos legales en un nuevo banco (Vall Banc), sino que además ha supuesto la salida de fondos gestionados, fiscalmente opacos, y la regularización de otra parte. Las autoridades no cuantifican, no obstante, esa salida.

COSTES ASUMIBLES / «Ciertos clientes han abandonado la plaza, pero era un coste asumible. Y ese cliente no tenía marcha atrás, o se regularizaba ahora o no era un cliente apto para Andorra», destacó el ministro de Finanzas, Jordi Cinca, en las jornadas Andorra financial summit, en las que el Estado de los Pirineos presentó al sector financiero internacional el nuevo modelo de hacer las cosas ligado a las prácticas económicas de la Unión Europea.

Se da por hecho que algunos clientes han abandonado el refugio fiscal andorrano al dejar este de serlo, pero eso no ha impedido que la actividad bancaria se mantenga. La ABA ha dado a conocer que, en los primeros nueve meses del 2017, los recursos gestionados por la banca andorrana han aumentado el 1,5%, hasta alcanzar los 46.000 millones de euros. Falta ver si los resultados del sector mejoran sobre el año anterior. No ocurrió así en el 2016.

El nuevo estatus de las entidades elimina de la actuación la ventaja fiscal, con lo que no les queda más remedio que asumir la competencia con los mismos instrumentos que el resto de los bancos europeos. En este sentido, defiende años de gestión de patrimonios. «Tenemos una larga tradición de hacer banca privada y de conseguir buenas rentabilidades», explica Miquel Alabern, director general de Banco Sabadell de Andorra.