Los riesgos para la estabilidad del sistema financiero español se han incrementado en los últimos seis meses principalmente por la desaceleración económica mundial, aunque también por la «incertidumbre» sobre la política económica del país. Pero, además, los bancos españoles se enfrentan a un «riesgo específico»: el potencial incremento de las demandas judiciales. Así se lo advirtió ayer el Banco de España en su informe de estabilidad financiera, en el que por primera vez incluye el riesgo legal como uno de los tres más relevantes para las entidades.
El supervisor destacó que quedan pendientes procedimientos judiciales «muy relevantes», en referencia al IRPH (índice de referencia de préstamos hipotecarios). El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene que pronunciarse sobre el mismo, probablemente en la segunda parte del año. La Comisión Europea ya se ha posicionado a favor de los clientes y en contra del criterio del Tribunal Supremo español.
El Banco de España advirtió de que la sentencia europea podría producir un aumento de las demandas, particularmente para los bancos con más hipotecas referenciadas al IRPH, «lo que exige de estas entidades una apropiada medición del posible impacto contingente y medidas de gestión y prevención adecuadas». La experiencia de las cláusulas suelo, destacó, indica que estos procesos legales provocan una «complejidad y extensión temporal significativos, así como un impacto material sobre el beneficio de las entidades».
La institución recordó que la decisión del TJUE a favor de los clientes en las cláusulas suelo obligó a las entidades a reservar 1.900 millones de euros en el 2016 para indemnizaciones y que los afectados ya habían recuperado 2.200 millones en enero del 2019. «Es importante que las entidades estimen adecuadamente el riesgo legal que puede implicar un potencial aumento de la litigiosidad con la clientela» les demandó, además de reclamarles un esfuerzo para revertir su «pérdida de reputación».
Goldman Sachs estima que una sentencia desfavorable sobre el IRPH obligaría al sector financiero a reintegrar entre 7.000 y 44.000 millones a en torno a medio millón de hipotecados, cálculo que el Banco de España no quiso ayer valorar. Entre el 2014 y el 2017, las entidades tuvieron que hacer provisiones por valor de 8.410 millones de euros para hacer frente a todo tipo de gastos legales y litigios fiscales.
INCERTIDUMBRE / El informe alerta también de que la creciente ralentización global (y en particular europea y china), junto con la mayor incertidumbre geopolítica por los conflictos comerciales, pueden desatar un aumento de las primas de riesgo que hunda las valoraciones de las bolsas y de la deuda privada y pública, lo que endurecería las condiciones de financiación y reduciría la riqueza de hogares y empresas, que responderían disminuyendo su gasto e inversión. China, destaca, se está resintiendo de su pugna con Estados Unidos, las tensiones han vuelto a Turquía y Argentina, hay dudas sobre la situación fiscal de Italia, y Alemania ha sufrido una desaceleración «significativa».
Además de a estos riesgos externos, España se enfrenta a otros internos, como la «indefinición sobre la senda de la política fiscal, tanto en el corto como en el medio plazo y, en general, sobre la orientación futura de la política económica». Todo un recado para el Gobierno que se ha de formar próximamente.
En particular, señala que persisten una deuda con el exterior equivalente al 67% del PIB, segmentos de los hogares en una situación de «mayor fragilidad» por su alto endeudamiento, una tasa de ahorro de las familias muy reducida, y también empresas en situación «más vulnerable», sobre todo las más pequeñas que operan en el sector inmobiliario y de la construcción, donde los precios están «cercanos al equilibrio» en relación con su tendencia a medio plazo. En cambio, Catalunya ha dejado de aparecer como un riesgo.
